América Central a medio camino para mejorar sus políticas ambientales
“Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar”
El Medio Ambiente
Miembros del pueblo indígena q'eqchi' en Guatemala. Una de las comunidades q'eqchi' del país llevó recientemente un caso judicial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría sentar un precedente para los derechos de los indígenas en tierras amenazadas por actividades extractivas. Foto: Tolo Balaguer / Alamy
Panamá, uno de los países más megadiversos del mundo, se convirtió en la primera nación centroamericana en reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos. El 24 de febrero de 2022, el presidente Laurentino Cortizo firmó la nueva ley pionera que establece que el Estado y todas las personas deben respetar y proteger los Derechos de la Naturaleza, y quien infrinja estos derechos, puede ser procesado legalmente y responsabilizarse por sus acciones.
La de Panamá es una de las más recientes iniciativas ambientales de América Central que plantean escenarios novedosos, pero solo a primera vista.
En febrero de este año el gobierno de Honduras ha dado señales de eliminar la minería a cielo abierto, pero solo parcialmente. Al mismo tiempo, en Guatemala se está a la espera de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el derecho a las tierras ancestrales de los maya q´eqchi, que rechazan la presencia de una minera en su región.
Para Centroamérica, una región con grandes retos frente a la protección del medio ambiente, cifras de deforestación masivas y una de las tasas de muertes de defensores del medio ambiente más altas del mundo, podría parecer que hay avances significativos.
Pero expertos ven estos sucesos con una mezcla de esperanza y escepticismo, ya que la falta de mecanismos para implementar leyes y la corrupción de los estados entorpecen estos avances. En Diálogo Chino ponemos algunos de estos sucesos en la balanza para comprender su importancia para la región.
Panamá reconoce los derechos de la naturaleza
La abogada Luisa Araúz fue asesora jurídica en la creación de la ley para el Ministerio de Ambiente de Panamá. Para ella, la aprobación de la Ley 287 “es un logro para Panamá y para la región”.
Hasta 2022, únicamente Ecuador (pionero en hacerlo), México y Bolivia han reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos. Colombia lo hizo parcialmente, pero la burocracia legal ha dejado en el limbo el reconocimiento.
Araúz dice que la ley plantea “una nueva forma de ver y relacionarse con la naturaleza”; ya que la mayoría de las leyes y normativas ambientales ponen al centro de la discusión a la especie humana.
Para la abogada, uno de los artículos clave de la ley es el número 7, que habla de la integración de la cosmovisión y conocimientos indígenas como uno de los aspectos para la implementación de la ley.
Otro de los aspectos novedosos destacado por Araúz es la inclusión del concepto de “economía circular” en la ley, es decir, la obligación de regeneración y retorno a la naturaleza una vez sean aprovechados sus recursos.
La ley establece que el estado y todas las personas, ya sean naturales o legales (como corporaciones), deben respetar y proteger los Derechos de la Naturaleza, como el derecho a existir, persistir y regenerar sus ciclos vitales; el derecho de la naturaleza a una restauración oportuna y efectiva; y el derecho de la naturaleza a la preservación de sus ciclos del agua.
También establece que cualquier acción de una persona, corporación, institución, o gobierno que infrinja estos derechos puede ser responsabilizado legalmente por el Estado por sus acciones, pero tales mecanismos quedarán más claros una vez la ley tenga un reglamento.
La ley aún no cuenta con los mecanismos para implementarla, pero según la abogada, es claro que el organismo rector para llevar a cabo su puesta en marcha es el Ministerio de Ambiente de Panamá. El congreso panameño aún debe discutir el Reglamento de la ley.
También será necesario la actualización de algunas normas relacionadas al manejo de bosques para que la ley sea efectiva. Pero según Araúz, el hecho de plantear por primera vez los impactos diferenciados de las actividades que afectan el medio ambiente, para los humanos y la naturaleza, implica ser un ejemplo en la región.
Honduras prohíbe la minería a cielo abierto
El pasado 28 de febrero, a un mes de haber tomado posesión de su cargo, el gobierno de la presidenta de Honduras Xiomara Castro publicó un comunicado a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas en el que declaraba al país “libre de minería a cielo abierto”.
Este tipo de minería es considerada de las industrias más contaminantes para el medio ambiente por basar su trabajo en una explotación no renovable de recursos y por el uso de químicos altamente perjudiciales.
“Se dice que se prohíbe la minería a cielo abierto, pero no se ha hecho nada con las concesiones que ya están otorgadas”, declara Juan Mejía, ingeniero encargado del área de investigaciones de la organización ambientalista Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en Honduras.
Un activista del movimiento de defensa de la tierra de Guapinol, que prefiere mantener el anonimato, refirió que hay escepticismo con las declaraciones del gobierno de Castro porque aún no hay un respaldo de ley.
Mientras eso no suceda, las organizaciones de la sociedad civil y activistas no tienen instrumentos para invocar contra el extractivismo.
De hecho, en los primeros 100 días de gobierno de Castro, el medio digital Proceso criticó que pese a que existen promesas esperanzadoras, no hay una política clara y transparente que demuestre cómo las cumplirán.
“Hay casos documentados como la minera en Azacualpa, con 14 derrames comprobados de cianuro en los ríos. Esta empresa está ya en trámites de obtener la renovación de concesión”, explica Mejía.
En la actualidad solo existe una minera a cielo abierto operando en San Andrés, departamento de Copán (noroeste), controlada por la multinacional Aura Minerals, que explota y exporta oro. Pero ambientalistas reclaman por una operación de óxido de hierro de la minera Los Pinares, en la jurisdicción de Tocoa (noreste), a la que acusan de dañar una reserva forestal.
Mejía reconoce que hay apertura del gobierno en escuchar a los movimientos sociales, pero lamenta que no se ha puesto bajo análisis la concesión de otros proyectos extractivistas. Mejía, advierte que algunos proyectos de hidroeléctricas han derivado, al igual que los relacionados a la minería, en conflictividad social.
Desde hace más de cinco años, Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para los defensores de la tierra. Más de 120 han sido asesinados en las últimas dos décadas y la mayor parte de su activismo estuvo ligado a su oposición a proyectos extractivistas, muchos de minería.
El conflicto más reciente relacionado a la minería fue la de ocho activistas que permanecieron en prisión durante más de dos años por oponerse a las actividades de la empresa Inversiones Los Pinares, y defender el río Guapinol, que abastece a varias comunidades, en el departamento de Colón, Honduras.
En Guatemala, indígenas exigen derechos de sus tierras
En 2011, el pueblo indígena maya q´eqchi´ de Guatemala presentó una demanda ante la CIDH, exigiendo derechos a sus tierras ancestrales, específicamente en zona conocida como lote 9 en Agua Caliente, municipio de El Estor, departamento de Izabal, y una legislación que les permitiera garantizar dicha propiedad. En agosto de 2020, la CIDH escaló el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La demanda se originó en un reclamo de años atrás: la falta de resolución de parte del Estado guatemalteco respecto a la propiedad colectiva de las tierras en donde está asentada la comunidad. Después de ello, la presencia de un proyecto de extracción de níquel sólo complicó el panorama.
Las comunidades indígenas y la Gremial de Pescadores Artesanales habían logrado detener la actividad del proyecto minero Fénix, de Solway Investment Group, que se dedica a la extracción de níquel, debido a la falta de consulta, en 2021.
En abril de 2022, la Corte de Constitucionalidad reiteró que el proceso de consulta llevado a cabo fue ilegal, aunque el gobierno guatemalteco lo avaló. Este punto es parte de la discordia que ha escalado, incluso, hasta la CIDH.
Juan Carlos Villagrán, guatemalteco y consultor independiente para temas ambientales dice que, pese a estos procesos, la actividad de la empresa minera no se ha detenido. En un viaje de campo de finales de abril comprobó la multiplicidad de camiones cargando material de la compañía.
El especialista dice que la consulta sobre la actividad de la minera en Estor fue avalada en su momento por algunos miembros del pueblo q’eqchi’, seleccionados por la minera.
Ellos fueron los mismos que aprobaron la presencia de la minera y declararon ante la Corte IDH en marzo de 2022 que rechazaban el proceso de titulación de tierras que dirime el organismo internacional y que estaban conformes con la empresa minera, ya que les generaban empleos.
Se trata de miembros de la misma comunidad q´eqchi´, que se autodenominan como los “legítimos representantes” y no incluye a ninguno de los activistas.
Aún si llega a haber un fallo favorable para la comunidad, para Villagrán todavía falta mucho por solucionar en Guatemala para garantizar que esas resoluciones se cumplan, como por ejemplo más presupuesto, herramientas coercitivas y la necesidad de mecanismos que regulen los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), obligatorios en este tipo de proyectos extractivos. “Los estudios (en la actualidad) son parcializados”, dice.
Centroamérica, una región en crisis
Hay elementos que pueden ser considerados pasos positivos en Centroamérica, como las iniciativas; pero en los casos de Panamá y Honduras, tal y como lo señalan los expertos consultados, aún falta el andamiaje administrativo para hacerlas posibles.
Otros casos, como el de El Salvador, son particularmente preocupantes porque pareciera retroceder sobre el terreno ganado: desde mayo de 2021, el país se adhirió al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible que promueve la minería metálica; pese a que dicha actividad está prohibida por ley.
Además Centroamérica aún está debiéndole al medio ambiente la firma y ratificación, en varios casos, de acuerdos clave como el de Escazú, que posibilita la transparencia y defensa de los defensores de la naturaleza y los pueblos indígenas; necesario para echar a andar, como las iniciativas locales, una supervisión y protección real de los recursos naturales.
Fuente:
Mayo, 2022