Colombia: crece la incertidumbre por la ratificación del Acuerdo de Escazú
“Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar“
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Una muestra de uno de los 129 casos de conflictos socioambientales en Colombia. Protesta de habitantes de San Martín, Cesar, en contra del fracking. Foto: Mauricio Ochoa Suárez.
El primer debate para discutir la ratificación del Acuerdo de Escazú está fijado para este martes 3 de noviembre. Ya ha sido aplazado cuatro veces en el Congreso de la República. El temor es que, tal como ocurrió en Chile y Perú, Colombia rechace este instrumento internacional.
Los sectores que se oponen al tratado internacional argumentan que con la ratificación se afectará la soberanía nacional y el desarrollo económico. Organizaciones, congresistas y líderes que lo apoyan aseguran que son "mitos" que no tienen fundamentos. Mongabay Latam explica cada uno de ellos.
Este año Colombia ocupó los primeros puestos en dos listados que demuestran su realidad ambiental. Se convirtió en el país con mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo —con 64 casos, según la organización internacional Global Witness— y ocupó el segundo lugar en Latinoamérica, después de Brasil, con más conflictos socioambientales —129 casos, de acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental—. Esas dos cifras son la muestra, según Lina Muñoz, abogada ambientalista y docente de la Universidad del Rosario, de la importancia que tiene para Colombia ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado internacional que reconoce el deber de los Estados de Latinoamérica y el Caribe de proteger a los defensores ambientales, así como garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental.
La región tiene los ojos puestos en Colombia, pues se podría convertir en el undécimo país en aprobar el Acuerdo y con esto se alcanzaría el número mínimo de países que lo deben ratificar para que pueda entrar en vigor. Hasta el momento lo han hecho Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Argentina. Costa Rica y México avanzan en el proceso de ratificación y se espera, según Muñoz, que muy pronto lo hagan.
El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó el acuerdo el 11 de diciembre de 2019 y en julio de este año presentó el proyecto de ley ante el Congreso de la República destacando la urgencia. Ahora, debe ser debatido y aprobado en tres comisiones del Legislativo, aunque el proceso avanza lento, pues solo el primer debate ha sido aplazado cuatro veces por razones no muy claras. “Una vez el proyecto se radicó [presentó] saltaron los sectores más atrasados del empresariado, en cabeza del presidente de Fedegan [Federación Colombiana de Ganaderos], José Félix Lafaurie, y otros sectores, que han hecho un lobby muy fuerte en el Congreso para que la coalición del Gobierno se oponga al tratado”, le dijo Antonio Sanguino, senador del partido Alianza Verde y uno de los ponentes del proyecto, a Mongabay Latam. Añade que lo más paradójico es que parte de la oposición en el Congreso (Alianza Verde) y el Ejecutivo terminaran coincidiendo: “a nosotros nos ha tocado asumir la bandera y el compromiso del presidente y sus ministros”. Sanguino menciona esto, considerando que esta vez la bancada oficialista no está dispuesta a apoyar la ratificación, lo que deja a Duque y a sus ministros a la deriva en esta batalla legislativa.
Más de 150 organizaciones se han unido para pedirle al gobierno colombiano que ratifique el Acuerdo de Escazú. Foto: Organización Ambiente y Sociedad.
Y es que si bien el Acuerdo de Escazú cuenta con el apoyo de ambientalistas, académicos, grupos étnicos, campesinos y más de 150 organizaciones; ha tenido la oposición del partido de Gobierno, el Centro Democrático, quienes han asegurado que Colombia no necesita la ratificación de este tratado puesto que el país ya cuenta, según ellos, con suficientes mecanismos de participación y de protección al medio ambiente. Para ellos, se estaría poniendo en riesgo la soberanía colombiana y frenando los proyectos de desarrollo. Estos “mitos”, como los llama Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, se basan “en argumentos que se pueden desmentir” y que se fundamentan “en un miedo por garantizar la participación ciudadana”. Sin embargo, se teme que en Colombia ocurra lo mismo que en otros países de la región, como Perú, donde no se ratificó el Acuerdo; y Chile, donde ni siquiera se firmó.
¿Por qué ratificar el Acuerdo de Escazú?
Los expertos consultados consideran que el Acuerdo de Escazú tiene tres objetivos importantes. El primero es que cualquier persona tenga acceso a la información ambiental, sin necesidad de trasladarse a las oficinas del Ministerio de Ambiente en Bogotá o de interponer derechos de petición o acciones de tutela —dos acciones constitucionales que garantizan la protección de los derechos fundamentales en Colombia—. “Significa que el Estado tiene la obligación de estar gestionando y produciendo sus datos. También implica un lenguaje más sencillo, sin que se disminuya el rigor científico”, explica la abogada Lina Muñoz, quien forma parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, una plataforma que reúne, entre otras, a organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Asociación Ambiente y Sociedad, las universidades del Rosario y los Andes, el Foro Nacional Ambiental, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Dejusticia.
En segundo lugar, explica Muñoz, el Acuerdo también busca que se dejen claras las reglas de participación de la ciudadanía en los proyectos que tengan algún impacto ambiental. En Colombia, agrega la abogada, el único requisito para entregar una licencia ambiental son unas reuniones de socialización que no son muy claras sobre cómo deben realizarse y resalta que durante la ejecución del proyecto, así dure 30 años, la comunidad no cuenta con un solo mecanismo de participación.
El tercer objetivo del Acuerdo de Escazú es fortalecer las capacidades de jueces y magistrados para que las decisiones sean más acertadas. Actualmente, a un juez de familia, por ejemplo, le puede llegar un caso ambiental y es muy probable que no tenga mayor conocimiento en el tema. Y, además, complementa Vanessa Torres, el Acuerdo —que tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20) que tuvo lugar en 2012 en Río de Janeiro, Brasil— “crea un nuevo pilar en la democracia ambiental” al proteger a los defensores ambientales, que por primera vez se incluyen en un instrumento de carácter internacional.
¿Colombia necesita el Acuerdo?
El pasado 10 de septiembre, el Consejo Gremial Nacional, un foro permanente de deliberación que está integrado por sectores como los ganaderos (Fedegan), palmeros (Fedepalma) y comerciantes (Fenalco), enviaron un análisis al Gobierno en el que pidieron no ratificar el Acuerdo de Escazú porque traería, según ellos, consecuencias negativas para el país. El documento dice que, de aprobarse, se pondría en riesgo la soberanía colombiana y se frenarían los proyectos de desarrollo. Además, aseguran que Colombia ya cuenta con los suficientes mecanismos de participación y que la garantía de la protección al medio ambiente está “ampliamente definida” mediante las licencias y permisos ambientales.
El Embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, firmando el Acuerdo de Escazú en Nueva York. De ahí el Acuerdo pasó al Congreso colombiano para ratificación. Foto: Presidencia de Colombia.
Sobre esto, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia y presidente del Foro Nacional Ambiental, asegura que existe una norma sobre participación que muchas veces no se cumple. Para él, la evidencia de que las cosas no funcionan es el incremento de los conflictos ambientales, pues Colombia se ubica en el quinto lugar en el mundo y el segundo en Latinoamérica, según el Atlas de Justicia Ambiental, de los países que registran el mayor número de estos conflictos. “Eso tiene que ver con que no hay escenarios de participación robustos, así que la gente finalmente tiene que protestar en forma no deseable”, comenta.
Pero esto no es todo. Vanessa Torres cree que afirmar que Colombia es un país que tiene la normativa suficiente para enfrentar los retos actuales es desconocer la situación de los líderes ambientales asesinados, que no cuentan con ninguna norma que garantice su protección; así como negar que la deforestación es un problema que se salió de control. Solo entre enero y el 15 de abril de este año, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) registró 75 031 hectáreas desforestadas en la Amazonía, de las cuales 8094 fueron en áreas protegidas como los Parques Nacionales Tinigua, La Macarena, Chiribiquete, Nukak, Picachos y La Paya. Esa cifra, en tres meses, alcanzó el 76 % del total que se deforestó en la Amazonía durante todo el 2019, cuando se perdieron 98 256 hectáreas de bosque. “Si todo lo que se plantea en el Acuerdo ya existe, ¿por qué a los gremios les da tanto miedo ratificarlo?”, se pregunta Torres.
La conclusión del senador Sanguino es que hay sectores productivos a los que les incomoda que la ciudadanía participe y haga exigencias ambientales, sectores que quieren producir a menor costo, que tienen muy poca sensibilidad frente a lo que le está ocurriendo al planeta y que son negacionistas del cambio climático.
¿Una amenaza a la soberanía y al desarrollo económico?
Decir que Colombia ya cuenta con todo lo que está en el Acuerdo de Escazú es solo uno de los argumentos que ha dado la oposición para pedir que no se ratifique el Acuerdo. Estos gremios también están convencidos, como lo manifiestan en la carta y lo ha expuesto José Félix Lafaurie en columnas de opinión, que se afectará la soberanía nacional y que “en el ámbito internacional, las actuaciones de las autoridades colombianas quedarían bajo el escrutinio de instancias multilaterales mediante un esquema o formato que no está definido aún”.
Jimmy Fernando Torres fue uno de los primeros en oponerse a la mina La Colosa en Cajamarca. Su amigo César fue asesinado. Foto: Julio César Herrera – El Colombiano.
Sin embargo, en el artículo 3 del Acuerdo de Escazú se definen los principios que guiarán la implementación, se señala el principio de la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y la igualdad soberana de los Estados que ratifiquen el tratado. El artículo 4, además, afirma que cada país adoptará las medidas necesarias de acuerdo a su propia legislación.
Manuel Rodríguez, que durante más de 20 años ha participado en negociaciones de acuerdos ambientales, asegura que la arquitectura de todas esas convenciones internacionales parten del principio del respeto a la soberanía. Lo mismo afirma el senador Sanguino y dice estar seguro de que el Acuerdo no modificará la normatividad interna y que, si toca desarrollar nuevas normas, tendrá que haber consensos en el orden nacional. “Y en términos de acceso a tribunales internacionales, como bien lo sabemos, son subsidiarios a los tribunales internos. No solo ocurre con este Acuerdo, sino con todos. Así que no se pone en riesgo la soberanía, al contrario, se armoniza la soberanía nacional con el contexto de globalización en el que estamos viviendo”, agrega el senador. Mongabay Latam buscó al presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, para conversar sobre el tema, pero hasta el momento no se tuvo respuesta.
El mayor temor que han manifestado los sectores de oposición es que con el tratado se frenen los proyectos de desarrollo. En la carta manifiestan que “el Acuerdo de Escazú puede, si no se dan las claridades correspondientes, llegar a establecer limitaciones en los proyectos generadores de empleo y de desarrollo social que son necesarios para el progreso del país”.
Sin embargo, para el congresista Sanguino es todo lo contrario, pues el Acuerdo aumentará y garantizará la seguridad jurídica. Dice que, solo “por egoísmo inteligente”, a los gremios debería interesarles el acuerdo pues les dará certeza jurídica y les advertirá con antelación dónde no poner el dinero. “Y les advierte que cuando inviertan, para que no tengan problemas o conflictos socioambientales, lo mejor es que la comunidad participe y que la legislación sea clara”, comenta.
Reunión en la Cancillería de Colombia. Se dio a conocer la firma del Acuerdo de Escazú en Nueva York el 11 de diciembre de 2019. Foto: Presidencia de Colombia.
Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el principal financiador de proyectos de transporte, energía y agricultura en Colombia, publicó el nuevo Marco de Política Ambiental y Social que orientará sus inversiones y allí se comprometió a respetar los derechos y principios que están establecidos en el Acuerdo de Escazú, pues quieren mantener un proceso de participación abierto, transparente e incluyente con todas las partes. Es decir, para sus futuras inversiones tendrán en cuenta a los países que ratifiquen el tratado.
Según Vanessa Torres, el BID también ha participado en los diálogos y, de hecho, ha manifestado su interés en impulsar con recursos la ratificación del Acuerdo. “Está comprobado que la institución financiera que mayor cantidad de dinero otorga a Colombia por préstamos de megaproyectos de desarrollo y de política pública está de acuerdo con Escazú”, puntualiza.
Los temores que sí calaron en Perú y Chile
Aunque varios de los argumentos en contra del Acuerdo de Escazú parecen no tener fundamento, en algunos países de la región esos temores sí han calado, como en Perú, país en el que no se ratificó; y en Chile, donde el tratado ni siquiera se firmó, pese a que el mismo presidente Sebastián Piñera lideró, junto con Costa Rica, este proceso en su primer mandato.
“Perú necesita el Acuerdo de Escazú porque en el Perú hay asesinatos de defensores y defensoras ambientales, hay explotación ilegal de los recursos naturales, se necesita fortalecer la información, la participación, el diálogo ambiental y la justicia. Perú necesita afrontar esas necesidades”, manifiesta Alicia Abanto, Adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de ese país.
Con nueve votos a favor y tres en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso archivó el Acuerdo de Escazú. Foto: Captura del Canal del Congreso.
Abanto está convencida que esta situación no es definitiva y que, tarde o temprano, el Perú terminará adhiriéndose al Acuerdo de Escazú. Es una necesidad, especialmente porque, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, el 66,1 % de los conflictos que se presentan en ese país son socioambientales, y de estos, el 61,6 % están vinculados a la minería.
Pese a la importancia del tratado para Perú, el Acuerdo no se ratificó, según Abanto porque los sectores de oposición basaron el discurso en dos hechos falsos que pretendían generar miedo. El primero es que el Acuerdo afecta a la soberanía del Perú y, el segundo, es que se perjudicará a la Amazonía, pues, desde la visión de los que se oponen, esta región debe mantener un crecimiento económico continuo que se frenaría con el tratado. Mariano Castro, exviceministro de Ambiente del Perú y presidente de la Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental, cuenta que su país participó activamente en impulsar el acuerdo durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, y en ningún momento se comentaron las observaciones en contra que empezaron a prosperar en julio de este año.
“Un excanciller del presidente Fujimori empezó, con mensajes sin sustento, a argumentar que el Acuerdo de Escazú significaba una amenaza para la soberanía y una pérdida de territorio y entrega de la Amazonía. También dijo que era inadmisible que el acuerdo no permitiera reservas, entre otros puntos. Ese mensaje generó una preocupación y un temor en ciertos sectores. Es una campaña con falsedades que empezó en julio y que veo que se trasladó a Colombia”, manifiesta Castro y señala que esas observaciones han sido desvirtuadas.
En el caso de Chile, el asunto fue un poco distinto. Justo cuando se acordó el contenido del Acuerdo de Escazú en Costa Rica, en marzo de 2018, Chile cambió de gobierno, salió la presidenta Michelle Bachelet y volvió Sebastián Piñera. Al principio no causó mayor preocupación, pues él hizo parte del proceso en su primer mandato. Sin embargo, cuando llegó la hora de firmar el tratado ese mismo 2018, Piñera se retractó sin dar razones claras de por qué tomó esa decisión.
“Fue sorpresa para todos. Para la delegación chilena, para el Ministerio de Relaciones Exteriores y para la sociedad civil. Todos quedamos sin entender qué pasaba”, relata Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram de Chile, añadiendo que solo después de dos años el Gobierno presentó un informe “muy poco serio” con las razones de la decisión. Un documento que, según ella, no tiene un responsable, ni tampoco cuenta con firmas de los ministros.
En septiembre de 2018, quince países de Latinoamérica firmaron el Acuerdo de Escazú. Muchos de ellos pasaron el proyecto para ratificación en sus legislativos. Foto: CEPAL.
“El parlamento ha llamado a los Ministerios de Ambiente y de Relaciones Exteriores a dar explicaciones sobre el informe. (…) Para nosotros es claro que a un Gobierno como este le complica el Acuerdo de Escazú justamente por el tema de los líderes ambientales. Si bien la situación no es tan dramática como en Colombia, sí hay amenazas”, explica Liberona. Para la directora de la Fundación Terram, otro de los principales problemas que tiene actualmente Chile es la sequía y un acceso al agua muy desigual; por lo que Escazú representaría una amenaza para los grupos privados que ostentan los derechos de este líquido vital.
Para los expertos de Chile y Perú este no es el punto final, creen que los próximos gobiernos de sus países se terminarán adhiriendo al Acuerdo de Escazú. Sin embargo, por ahora lo que ven es que tanto en sus países como en Colombia hay discursos parecidos porque hay actores económicos que tienen intereses similares. “Creo que hay niveles de articulación, pues los modus operandi son parecidos. Se toma con desconfianza el hecho de que la población pueda participar”, dice Alicia Abanto desde Perú.
Lo mismo piensa el exministro de Colombia Manuel Rodríguez. En el libro La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, publicado por la Cepal hace unos días, 21 expertos que son considerados los fundadores del desarrollo sostenible en la región, entre ellos Rodríguez, concluyen que buena parte de las soluciones a los temas ambientales está en la ciudadanía y que solo permitiendo su participación se lograrán soluciones razonables.
“Veo con preocupación que hay muchas dirigencias en Colombia que siguen en la cuestión muy tradicional de manejar el país desde arriba, con la intención de mantener el statu quo. No se dan cuenta que esto es muy inconveniente porque en el siglo XXI la forma de manejar las cosas es con la participación ciudadana. Solo así ganará el sector público y la sociedad civil”, concluye Rodríguez.
La primera sesión del Congreso colombiano está prevista para el martes 3 de noviembre. Para que no la aplazaran por quinta vez, varios congresistas tuvieron que acudir al Estatuto de Oposición —una norma que da garantías mínimas para que todos los partidos que se declaren en oposición al Gobierno Nacional, departamental o municipal, ejerzan con total libertad y en igualdad de condiciones sus derechos democráticos—. Se necesitarán tres debates para que el Acuerdo de Escazú pueda ser ratificado, un tratado internacional que es visto como una deuda pendiente de la región con las comunidades y el medio ambiente.
Fuente:
María Fernanda Lizcano
Noviembre, 2020