Costa Rica: ¿El Parque Nacional Corcovado está al borde del colapso?
“Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar“
El Medio Ambiente
Atardecer en el Parque Nacional Corcovado. Foto: cortesía de .Erik Olson
La extrema polarización sobre lo que ocurre en el Parque Nacional Corcovado de Costa Rica ha dado lugar a acusaciones de corrupción, negligencia, luchas por el control de la gestión del área y por saber quién recibe fondos o no de los donantes internacionales.
El parque padece las consecuencias de la extracción artesanal de oro, la caza, la tala de árboles y el tráfico de drogas, pero las autoridades, los científicos y las ONG tienen puntos de vista muy diferentes sobre cómo estas cosas impactan en la salud del parque.
Algunos investigadores afirman que las poblaciones de especies como el jaguar y el pecarí de labios blancos están en declive, mientras que otros son optimistas con respecto a las tendencias poblacionales y creen que el parque está sano.
En los últimos años, han aparecido en las páginas de diferentes periódicos costarricenses artículos de prensa y de opinión que advierten el inminente colapso del Parque Nacional Corcovado, una de las áreas protegidas más preciadas del país. El parque se encuentra en un estado «agónico» y «en una espiral descendente», dicen algunos de los artículos de opinión. Está «muriendo lentamente».
«En el caso de Corcovado, si no se actúa con rapidez, el deterioro de las poblaciones de vida silvestre podría ser irreversible a mediano plazo», escribió el año pasado Eduardo Carrillo, biólogo de la Universidad Nacional de Costa Rica, en el periódico Semanario Universidad.
Sin embargo, otros biólogos, conservacionistas y funcionarios del parque dudan de este tipo de comentarios y sostienen que no solo son exagerados, sino que están completamente fuera de la realidad. Para ellos, el parque funciona bien. Sin duda, hay problemas que deben abordarse, pero nada tan grave como para justificar las predicciones de colapso total.
La extrema polarización sobre lo que ocurre en el Parque Nacional Corcovado ha dado lugar a acusaciones de corrupción, negligencia, luchas por el control de la gestión del área y por saber quién recibe o no fondos de los donantes internacionales. Hay poco consenso, incluso en cosas muy básicas sobre el futuro del parque.
Eso podría ser un problema a largo plazo. Hay mucho en juego en Corcovado. Se cree que el parque alberga aproximadamente el 2,5 % de la biodiversidad mundial —unas dos mil especies de plantas, trescientas setenta y cinco especies de aves y ciento veinticuatro especies de mamíferos—, todas ellas contenidas en unas cuarenta y cinco mil hectáreas de bosque primario y costa del Pacífico.
Los que están más preocupados señalan la minería artesanal de oro que se realiza en las profundidades de Corcovado, los numerosos arrestos de narcotraficantes internacionales y los menguantes presupuestos de los guardaparques que luchan por llevar a cabo las acciones de vigilancia más básicas. Citan la disminución de la población de jaguares (Panthera onca) y de pecaríes de labios blancos (Tayassu pecari) como indicadores de la mala salud ecológica del parque.
Mientras tanto, las voces más optimistas citan diferentes estudios que sugieren tasas de población constantes, incluso crecientes, para muchas especies y afirman que la extracción de oro y el narcotráfico son cuestiones más matizadas de lo que parece a simple vista. Dicen que es fácil predecir el día del juicio final cuando no se tiene que profundizar en los detalles.
«Corcovado es uno de los parques más importantes del mundo», dijo a Mongabay Marco Hidalgo-Chaverri, responsable de relaciones comunitarias de Osa Conservation, organización sin fines de lucro que trabaja en temas relacionados con la conservación de la región. «Eso significa que la gente lo mira con mucha atención. Las expectativas son mayores, así que cuando alguien dice que el parque no está siendo patrullado en absoluto o que está siendo ‘invadido’ por la minería del oro, desde luego no es del todo cierto».
Con la esperanza de comprender mejor lo que ocurre en el Parque Nacional Corcovado, Mongabay viajó a Costa Rica el pasado mes de abril para entrevistar a residentes, funcionarios y mineros de la Península de Osa, donde se encuentra el parque.
Disputas científicas
Ambas partes del debate sobre el Corcovado se reducen en última instancia a una cosa: la biodiversidad. Es el barómetro de la salud del parque y ayuda a orientar la formulación de políticas y las rutas de patrulla. Sin embargo, los diferentes enfoques para estudiar las tendencias poblacionales de la flora y la fauna han dado lugar a dos puntos de vista radicalmente opuestos sobre el parque.
Un conjunto de datos sobre la biodiversidad proviene del programa de seguimiento de animales primarios del gobierno local, llamado Proyecto JaguarOsa, que se inició en 2015 con el objetivo de observar las poblaciones de especies que eran buenos indicadores de la salud del parque, como el jaguar, el pecarí de labios blancos y el tapir de Baird (Tapirus bairdii).
El programa, a cargo de funcionarios del parque en colaboración con investigadores del Northland College de Wisconsin, ha tomado fotos de docenas de especies en todo el Corcovado, incluidas muchas aves, roedores y lagartos no identificados. Los funcionarios dicen que están viendo resultados positivos en la mayoría de las poblaciones de animales y que están más que orgullosos del trabajo que han hecho.
«Este programa de investigación nos llena de satisfacción al saber que estamos aportando algo y que hace diez años, a pesar de que entonces había muchos investigadores, no teníamos los datos que tenemos ahora», dijo Alejandro Azofeifa, responsable del programa de vigilancia del parque.
Foto del jaguar al que llaman El Hijo tomada con una cámara trampa. Cortesía de Erik Olson, Proyecto JaguarOsa.
En 2020, se identificaron cinco jaguares en casi la mitad de los sitios de cámaras trampa del proyecto. Uno de los jaguares nunca había sido visto antes, lo que eleva el recuento mínimo de jaguares del parque a once. Además, otros investigadores han observado varios jaguares en la periferia del parque. Estos descubrimientos reforzaron la creencia de que las poblaciones de jaguares pueden haber comenzado a aumentar alrededor de 2013.
Las cámaras trampa también captaron a un jaguar al que los investigadores llamaron Macho Uno, que se cree que tiene al menos dieciséis años —uno de los jaguares más viejos jamás documentados en la naturaleza—, lo que demuestra que Corcovado tiene un hábitat lo suficientemente sano como para mantener animales individuales durante largos períodos de tiempo.
«Los datos que estamos viendo sugieren que hay muchas esperanzas para la comunidad de vida silvestre del Parque Nacional Corcovado», dijo Erik Olson, profesor asociado de recursos naturales en el Northland College.
Las cámaras trampa también detectaron entre cuatro y siete «megamanadas» de pecaríes de labios blancos, que suman entre 258 y 384 totales identificados en las cámaras entre 2019 y 2020. También encontraron signos de reproducción reciente en todas estas megamanadas, lo que indica que la población de pecaríes se encuentra bien dentro del parque.
Sin embargo, otros científicos no están de acuerdo con estos descubrimientos. Afirman que pueden parecer prometedores, pero que, en realidad, son engañosos porque la investigación no se basa en una metodología científica sólida.
«Lo que hacen es realmente importante», dijo a Mongabay Juan Carlos Cruz, biólogo de la Universidad de Massachusetts Amherst. «Han identificado once o doce jaguares diferentes —eso es genial—, pero eso no es un indicador de la densidad. Eso no es un indicador de la abundancia. Eso no es un indicador para estimar una población».
Cruz dijo que, en lugar de tratar de contar cada animal, los funcionarios deberían analizar las tasas de abundancia, mediante lo que se conoce como índice de abundancia, en este caso, el número de especies registradas en las cámaras trampa o de huellas dividido por el esfuerzo de muestreo (el tiempo que las cámaras toman fotos de manera activa en el campo o la longitud de los senderos estudiados).
Foto de pecaríes de labios blancos sacada con una cámara trampa. Cortesía de Erik Olson, JaguarOsa.
«Nadie hace un recuento general [de individuos]», dijo Cruz. «Nadie tomaría el número de jaguares diferentes y lo utilizaría como indicador de abundancia porque eso es meramente anecdótico. No está basado en procedimientos científicos ni en ninguna clase de metodología».
Cruz dijo que, como concepto, el índice de abundancia puede ser más difícil de digerir para el público en general, e incluso para algunos funcionarios sin formación científica, pero es la mejor forma de entender cómo está representada una especie en su ecosistema. También permite comparar los datos con otros ecosistemas.
«Si tomo estos índices y hablo con un investigador de Bolivia que hace lo mismo, podemos comparar los datos —dijo— porque utilizan la misma metodología. Ambos estamos dividiendo el número de huellas o el número de fotos por el esfuerzo de muestreo. Estamos usando la misma moneda».
A diferencia de los datos del programa JaguarOsa, los índices recopilados por Cruz e investigadores de la Universidad Nacional de Costa Rica muestran que las poblaciones de jaguar han empezado a disminuir desde finales de los años noventa. Por otro lado, los índices muestran que las poblaciones de pecaríes de labios blancos empezaron a disminuir de manera drástica a principios de la década de 2000, pero volvieron a aumentar entre 2005 y 2008.
Luego, alrededor de 2010, el índice mostró el inicio de otra caída para ambas especies que aún no se ha recuperado.
En respuesta a estas críticas, los investigadores del programa JaguarOsa afirmaron que nunca pretendieron que sus datos se utilizaran como una estimación de la población, sino como un indicador del estado de las distintas especies a corto plazo. También dijeron que utilizaron índices en el pasado y que, en la actualidad, están trabajando con sus propias estimaciones de población.
Olson y otros investigadores dijeron que se sienten seguros de los datos que ya han presentado, ya sean fotos de Macho Uno o recuentos de manadas de pecaríes.
«Son signos irrefutables de que hay muchas esperanzas para la comunidad de la vida silvestre en Corcovado —dijo Olson— y que Corcovado no está ‘muerto’, como dijeron algunos».
También expresó su interés por ver las conclusiones de Cruz y otros investigadores una vez que se hayan publicado, ya que es curioso que haya tantas discrepancias en los datos.
«Si ellos no encuentran jaguares y nosotros sí, si ellos no encuentran pecaríes de labios blancos y nosotros sí, no sé cómo se pueden racionalizar esas dos diferencias», comentó.
Minería aurífera en el parque
Para quienes están preocupados por el colapso de Corcovado, uno de los problemas más emblemáticos es la extracción ilegal de oro. Las autoridades no han hecho lo suficiente para erradicarla, dicen, lo que ha ocasionado una importante degradación medioambiental dentro del parque.
Sin embargo, el daño real que está causando la minería del oro —y lo que debería hacerse al respecto— es otra de las principales fuentes de debate en Corcovado.
En general, la frase «minería ilegal de oro» hace saltar las alarmas de los ecologistas en América Latina, donde numerosos países han visto cómo contaminantes como el mercurio y el uso de maquinaria pesada, como retroexcavadoras y excavadoras, destruyen rápidamente los bosques tropicales y contaminan los ríos.
Campamento minero instalado en las afueras del Parque Nacional Corcovado. Foto: Max Radwin/Mongabay.
El mercurio ayuda a agrupar las pequeñas partículas de oro esparcidas en el suelo. Sin embargo, en Corcovado, el oro se asienta en pequeñas escamas y guijarros sobre el lecho del río, por lo que los mineros no necesitan productos químicos tóxicos ni máquinas pesadas. No obstante, la desinformación sobre cómo se lleva a cabo la minería en el parque se ha extendido tanto que los organismos medioambientales aclararon en un informe este año que el uso del mercurio «no es una técnica muy adecuada» en Corcovado dadas sus singulares «circunstancias geológicas».
En cambio, los mineros no llevan más que palas, tablas de lavar y tamizadores para hacer su trabajo. Con la pala, estrechan secciones del lecho del río para frenar el agua y facilitar el cribado manual de la tierra.
Varios mineros dijeron a Mongabay que su trabajo es artesanal y que el impacto ambiental en los bosques y las masas de agua locales es mínimo o nulo. La única evidencia que dejan es el ocasional rastro de rocas y tierra removida en los lechos de los ríos.
«La mayoría de nosotros cuida los animales», dijo a Mongabay Roberto Piedra, minero y residente de la comunidad de Dos Brazos de Río Tigre, justo fuera de los límites del parque. «Los cuidamos. Somos los que nos aseguramos de que nadie venga a hacerles daño».
Una pareja cava una zanja para buscar oro en las afueras del Parque Nacional Corcovado. Foto: Max Radwin/Mongabay.
Sin embargo, de acuerdo con los informes del gobierno, también se sabe que algunos mineros talan árboles y cazan animales amenazados mientras acampan en las profundidades del parque y, aunque no utilizan mercurio ni excavadoras, las autoridades sostienen que, en primer lugar, no deberían estar realizando actividades mineras en una zona protegida.
«Intentamos mantenernos en el más alto nivel», dijo Max Villalobos, miembro del Frente Mario Boza por las Áreas Silvestres Protegidas. «Imagina que en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, hubiera gente viviendo en él. O gente explotando minas, incluso minería artesanal. ¿Cuál sería la reacción?».
La extracción de oro estaba muy extendida mucho antes de la creación del parque, en 1975, y se consideraba una parte tradicional de la vida en la península. Miles de mineros fueron expulsados al principio tras la creación del parque, pero volvieron gradualmente cuando el precio del oro empezó a subir. En la actualidad, las autoridades estiman que solo hay unos cientos de mineros que entran y salen de la zona.
Muchos de los mineros dicen que no quieren seguir trabajando en la minería: el trabajo es difícil y peligroso, requiere caminatas bien entrada la noche y una constante vigilancia de las patrullas policiales, pero están atrapados en la profesión porque no hay otros medios de vida disponibles en la península.
El turismo representa alrededor del 70 % de la economía local. Los mineros, que suelen ser los más pobres de la región, no están en condiciones de abrir tiendas u hoteles.
Tamizado de agua y barro en busca de escamas de oro. Foto: Max Radwin/Mongabay.
Los esfuerzos para capacitar a los mineros como guías del parque fracasaron en su mayoría a lo largo de los años debido a la normativa federal que establece niveles de educación altos para los funcionarios de los parques que trabajan dentro de las áreas nacionales protegidas, niveles que la mayoría de los mineros no puede cumplir. A pesar de no tener una educación formal, ellos dicen que conocen el bosque tan bien como cualquiera, pero que no pueden beneficiarse de él como lo hacen otros residentes.
«Aquí no tenemos apoyo», dijo Piedra. «No hay apoyo y no tenemos pensiones ni nada de eso. Nada. Nadie aparece para ayudarnos».
Y agregó: «Hay veces que no tenemos suficiente para comer. A veces durante uno o dos días, tres días, y no tenemos más remedio que ir [al bosque] a ver qué podemos desenterrar».
Algunos mineros han logrado convertirse en guías independientes en otras partes de la Península de Osa, como en los alrededores de la comunidad de Dos Brazos de Río Tigre, donde los ríos y bosques que rodean el parque todavía están intactos, y atraen de esta manera a muchos turistas que buscan alternativas más baratas a Corcovado.
Este año, los guardaparques han aumentado su colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública en las patrullas terrestres y marítimas en Corcovado y la vecina Reserva Forestal Golfo Dulce. También trabajan juntos para responder a las denuncias que se presentan sobre las actividades ilegales en la zona.
Un río que pasa por la comunidad de Dos Brazos de Río Tigre. Foto: Max Radwin/Mongabay.
Según un informe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), entre enero y marzo, el esfuerzo dio como resultado la captura de diez mineros y la expulsión de otros diecisiete, que lograron huir antes de ser aprehendidos. Las autoridades también han elaborado una lista de grupos organizados de mineros con nombres propios, tales como Los Jason, Los de la Pana y Los Wichos. Los funcionarios del parque dijeron que se cree que estos grupos reciben apoyo financiero y recursos, posiblemente de los compradores de oro.
El aumento de los patrullajes ha alienado a las comunidades que aún dependen de la minería, pero también ha dejado insatisfechos con los resultados a los que critican la gestión del parque. Los funcionarios le dijeron a Mongabay que es necesario adoptar pronto un nuevo enfoque que trate la minería no tanto como un problema criminal, sino más como uno social o, de lo contrario, las cosas no van a cambiar.
«El problema que tenemos no es medioambiental. Es un problema social y económico», dijo Paula Mena Corea, directora del Área de Conservación de Osa (ACOSA). «Todos los que viven en los alrededores de las áreas protegidas entran a menudo en los parques porque no tienen dinero y solo esperan sobrevivir».
Otras actividades ilícitas
En 2016, las cámaras trampa empezaron a captar a hombres con bolsos y mochilas que se movían por el parque a altas horas de la noche, con frecuencia, cerca de playas, ríos y otros puntos de entrada informales. A finales de año, las autoridades consiguieron capturar un cargamento de 700 kilogramos de cocaína y, a lo largo del año siguiente, el aumento de la aplicación de la ley supuso la captura de numerosos narcotraficantes, algunos provenientes de Colombia, que intentaban aprovechar el tamaño del parque y la falta de presencia humana para trasladar su producto.
En 2018 y 2019, las autoridades llegaron a interceptar embarcaciones sumergibles que transportaban entre una y dos toneladas de cocaína. Entre 2016 y 2019, hubo 34 alertas relacionadas con el tráfico de drogas en el parque, según un informe del SINAC, lo que provocó un aumento de los patrullajes y la construcción de puestos de vigilancia adicionales.
La policía detiene a dos mineros de oro que están trabajando dentro de un área protegida en la Península de Osa. Foto: cortesía de SINAC.
Los críticos apuntan al narcotráfico como prueba adicional del inminente colapso de Corcovado. «Están acorralados por el narcotráfico», decía un artículo de opinión en La Nación el año pasado. Sin embargo, la amenaza que supone el tráfico para los esfuerzos de conservación en el parque parece ser mínima, al menos en comparación con las áreas protegidas de otros países de Centroamérica. El narcotráfico puede provocar la deforestación cuando los grupos despejan la tierra para cultivar coca o marihuana, así como para hacer espacio a pistas de aterrizaje clandestinas, pero ninguna de esas actividades parece estar sucediendo en Corcovado.
«Sí que hace daño al medio ambiente», dijo el director del parque, Carlos Madriz. «En primer lugar, hay que limpiar la contaminación del combustible de las embarcaciones. Luego, esta gente empieza a hacer senderos en el bosque donde no hay acceso público. Pescan ilegalmente y crean toda clase de problemas ambientales, como la extracción de huevos de tortuga, la caza menor, la basura y la tala de palmeras».
De acuerdo con el fiscal del distrito local, la tala es una actividad ilegal mucho más prominente en el parque y sus alrededores, al menos si se tiene en cuenta el número de casos de los que se ocupa la oficina. No obstante, a diferencia de otros países latinoamericanos donde la tala puede despejar enormes campos en un día, en Corcovado se está desmontando un árbol a la vez.
Las cámaras infrarrojas permiten a los funcionarios detectar mejor la actividad humana en las áreas protegidas. Foto: cortesía de SINAC.
Los madereros solo están interesados en ciertas especies de árboles, como el nazareno (Peltogyne purpurea) y el manglillo (Hedyosmum mexicanum), porque son buenos para construir cabañas y muebles que se pueden vender en la región. La mayoría de los árboles de Corcovado no tienen el tipo de madera adecuado para esos fines.
«Tenemos un problema con el transporte ilegal de madera, la tala ilegal de madera sin un permiso», dijo Luis Fernando Aguilar, el fiscal del distrito de Puerto Jiménez, la ciudad más grande de la península, y añadió: «Es muy difícil encontrar a los que la talan porque se adentran en las montañas».
Dijo que los árboles son llevados a aserraderos en la Península de Osa y sus alrededores y luego se «blanquean» para convertirlos en suministros legales. Sin embargo, varios funcionarios comentaron que esas operaciones todavía son relativamente pequeñas en escala y no parecerían estar contribuyendo a la rápida deforestación en el parque.
Problemas presupuestarios, de personal y operativos
Los problemas de Corcovado, grandes y pequeños, recaen en última instancia en el departamento de parques local y en ACOSA, la oficina regional que supervisa once áreas protegidas en la Península de Osa y alrededores. En algunos casos, los funcionarios han sido acusados de administrar mal los recursos y de no asignar suficiente presupuesto a los esfuerzos de conservación. En casos más extremos, se les ha acusado de negligencia y corrupción.
En 2019, una de las principales funcionarias de la península, la directora de ACOSA, Paula Mena Corea, fue cesanteada de su cargo por negarse supuestamente a «cumplir con diligencia las tareas» de su oficina, de acuerdo a lo que se dice en documentos internos del Minae revisados por Mongabay. No obstante, durante un proceso de defensa, Mena pudo demostrar que fue despedida por negarse a aprobar los permisos de uso de la tierra que habrían permitido la construcción dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce y otros sitios del patrimonio cultural. El director del Parque Nacional de Corcovado, Carlos Madriz, también fue cesado por esas fechas.
Los madereros solo están interesados en ciertas especies de árboles para construir cabañas y muebles. Foto: cortesía de Erik Olson.
«Muchos constructores quieren construir en estas zonas y eso no está permitido», dijo Mena. «Siempre hay intereses políticos y económicos de gente que quiere construir en sitios patrimoniales, y eso no se puede hacer. Querían que autorizara los permisos, que diera el visto bueno, y no lo acepté».
Tanto Mena como Madriz volvieron a sus puestos el año pasado. Ahora, sus mayores retos consisten en superar el estigma y la controversia de la cesantía, así como encontrar la forma de administrar un parque que no cuenta con suficientes recursos, presupuesto ni personal.
El presupuesto de alimentación de 2017 para los guardaparques era de 16 millones de colones (unos 28 mil 300 dólares al cambio de entonces), pero ese año solo se recibió alrededor de siete millones de colones (doce mil cuatrocientos dólares), de acuerdo con un informe de ACOSA. Como resultado, muchos guardaparques se quejaron de no tener suficiente comida cuando salían a hacer largos patrullajes, lo que les obligaba incluso a pedir donaciones a organizaciones locales, dijeron a Mongabay.
Algo similar ocurre con el combustible de los vehículos de los guardaparques. Desde 2018, el presupuesto de combustible de 15 millones de colones (26 mil dólares en ese momento) se redujo a unos 5 millones de colones en la actualidad (7 mil 300 dólares), lo que dificulta cada vez más el desplazamiento del personal en el parque.
«Nadie quiere trabajar en Corcovado», dijo el guardaparques Eliécer Villalta. «Corcovado es muy duro. Se les ocurrió algunos incentivos [como tiempo libre extra] para convencer a la gente… porque nadie quiere ir».
Según un informe de ACOSA, en 2017 solicitaron 17 millones de colones (30 mil dólares de ese momento) para mejorar las instalaciones del parque para los guardaparques; ese recurso no se los autorizaron. Madriz y otros funcionarios han presentado numerosas solicitudes al Congreso para que se revise cómo se distribuyen los recursos al parque, pero Madriz dijo que el Congreso no ha tomado una decisión y que esto ha provocado un déficit presupuestario de casi 300 mil dólares en los últimos cinco años.
Al parque también le falta personal. Desde hace una década, en un intento de reducir el tamaño de la administración pública, una ley federal prohíbe sustituir a los empleados públicos jubilados que dejan sus puestos. En su lugar, el puesto desaparece, lo que causa que la oficina sea más pequeña con el paso del tiempo.
Como resultado, muchos servicios ambientales en la Península de Osa carecen de personal por ley. Según un informe de ACOSA, se han creado cincuenta y dos puestos en el parque, pero solo 15 se han aprobado y los otros 37 están pendientes de forma permanente en el Ministerio de Hacienda.
En las playas del Parque Nacional Corcovado. Foto: cortesía de Erik Olson.
Dos estudios internos realizados en 2018 determinaron que el Parque Nacional Corcovado necesita 78 puestos adicionales para las responsabilidades de control y protección para «realizar un trabajo cien por ciento acorde con la problemática ambiental» del parque. La Reserva Forestal Golfo Dulce necesita veinticuatro puestos adicionales, concluyeron ambos estudios.
Dice Madriz en un informe interno revisado por Mongabay que estos problemas están detrás de las numerosas quejas que el Gobierno sigue recibiendo por su «incumplimiento» del plan de protección del parque, pero que, en muchos sentidos, es poco lo que se puede hacer al respecto, al menos por parte de las personas que trabajan día tras día en el parque.
«Hemos pasado los últimos cinco años respondiendo las preguntas del Congreso sobre lo que hacemos con nuestros recursos —dijo—, pero no podemos tener esta lucha cada año. [El Congreso] debe establecer una resolución contundente sobre este problema para que el Parque Nacional Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce tengan los recursos necesarios».
Fuente:
Julio, 2022