Lo malo: defensores ambientales asesinados y el Acuerdo de Escazú enviado al archivo
“Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar“
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El líder indígena Arbildo Meléndez fue asesinado el domingo 12 de abril. Foto: Aidesep.
El crimen del líder indígena cacataibo Arbildo Meléndez ocurrió el 12 de abril, en plena cuarentena decretada por el gobierno peruano. Meléndez era el jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu, en Huánuco, y se enfrentaba a invasores que intentaban introducir cultivos ilegales, mientras reclamaba al Estado peruano la titulación de su territorio. Pocos días más tarde, el 26 de abril, otro líder fue asesinado, esta vez el joven asháninka Benjamín Ríos Urimishi, de la comunidad Kipachari, en el distrito de Tahuanía, Ucayali. Según la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) el joven asháninka, al igual que líderes de comunidades ubicadas en este distrito, habían sido víctimas de hostigamiento y amenazas de muerte por parte de traficantes de tierras y del narcotráfico.
Los asesinatos continuaron. El 17 de mayo, mataron a Gonzalo Pío Flores, líder indígena de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai, ubicada en la triple frontera entre Junín, Pasco y Ucayali. El 29 de julio acabaron con la vida de Lorenzo Wampagkit Yamil, guardaparque de la Reserva Comunal Chayu Nain, en Amazonas.
Y el último crimen reportado este año en la Amazonía peruana ocurrió el 10 de setiembre. Ese día mataron a Roberto Carlos Pacheco Villanueva, un defensor ambiental hijo del reconocido ambientalista Demetrio Pacheco. Ambos llevaban años denunciando amenazas y la incursión de invasores dentro de su propiedad, por lo menos ocho procesos legales figuran como pendientes en la fiscalía de Madre de Dios.
“Son lamentables los cinco asesinatos durante la pandemia. Con lo que ha ocurrido este año, en el siguiente informe sobre defensores ambientales el Perú se ubicará entre los países más peligrosos para estas personas”, señala el abogado César Ipenza, especialista en temas ambientales.
Roberto Carlos Pacheco tenía 34 años y se dedicaba a administrar la concesión forestal de su familia. Foto: Archivo personal de Demetrio Pacheco.
Además de estos asesinatos, son muchos los líderes indígenas y ambientalistas que viven amenazados, principalmente en lugares donde avanza el narcotráfico, la tala y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas. La frontera entre las regiones Huánuco, Ucayali y Pasco se presente como una de las zonas más peligrosas para estos líderes, considerando que la mayoría de los crímenes y hostigamientos se registran en esta área del país.
“Es un tema que nos preocupa mucho y lo hemos discutido en particular con el Ministerio de Justicia”, señala el ministro Quijandría. “La velocidad del Estado peruano para responder primero frente a las amenazas y luego a los hechos lamentables de la pérdida de vidas ha sido extremadamente lenta e ineficiente”, reconoce el titular del Ambiente.
Quijandría manifiesta que junto con el Ministerio de Justicia están preparando una propuesta de régimen de protección de defensores ambientales para que los pedidos de garantía sean tramitados de una manera más rápida y seria. “Que sean considerados en términos serios el riesgo que implica denunciar actividades ilegales de minería, de extracción de madera o de narcotráfico. Se tiende a pensar que los delitos ambientales son delitos sin víctimas y no es así”.
Demetrio Pacheco, padre de Roberto Carlos, asesinado en Madre de Dios. Foto: Jack Lo.
A pesar de todas estas muertes, el 20 de octubre el Congreso de la República rechazó la aprobación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que promueve la transparencia, la justicia ambiental y que impulsa la protección efectiva a los defensores ambientales. Una campaña sostenida en medios y redes sociales de parte de empresarios y políticos que desaprueban este tratado se hizo evidente, con argumentos que apelaban al peligro de atentar contra la soberanía del país y la Amazonía, aún cuando estas afirmaciones no están contempladas en Escazú.
“Hubo una fuerte campaña en contra del acuerdo impulsada por empresas extractivas del sector privado. Justo en una situación en pandemia no aprobar este acuerdo ha sido terrible”, dice Vanessa Cueto, directora de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). “En el nuevo Congreso que se elija en el 2021 nuevamente debe entrar a debate esta propuesta”, agrega.
Ipenza es más duro en su crítica a la decisión tomada por el Congreso. “El expresidente Vizcarra no asumió el liderazgo para defender el acuerdo en el Parlamento. No bastaba con mandarlo al Legislativo, se debió asumir un rol activo. El Congreso se puso de espaldas a esta decisión con argumentos falaces”, dice el abogado.
Sobre este tema, el ministro Quijandría lamenta que “la mentira y el miedo se hayan impuesto”. Menciona que las discusiones vinculadas a temas de soberanía o a la posibilidad de que inversiones privadas pudiesen ser llevadas a una corte internacional de justicia por activistas ambientales “eran mentiras del tamaño de una catedral. No había nada de eso ni en el texto ni en el espíritu de Escazú”, comenta.
El Perú fue uno de los países signatarios del Acuerdo de Escazú en el 2018. Foto: CEPAL.
No obstante, reconoce que no hubo suficiente capacidad de incidencia política desde el lado de quienes estaban a favor del acuerdo para contener “las mentiras y afirmaciones interesadas que impidieron su ratificación”.
En setiembre de 2018, el gobierno peruano y otros 15 países del continente firmaron el Acuerdo de Escazú, pero su entrada en vigencia dependía de la ratificación de este en por lo menos 11 de los países de América Latina y El Caribe. Perú fue uno de los países que impulsó este tratado, sin embargo, no alcanzó los votos necesarios en el Congreso peruano.
Fuente:
Yvette Sierra Praeli
Diciembre, 2020