Juristas costarricenses en derecho internacional alientan al Congreso a ratificar el Acuerdo de Escazú
“Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar“
El Medio Ambiente
Mediante una carta remitida a la Asamblea Legislativa, la Asociación Costarricense de Derecho Internacional le solicitó el voto a las y los diputados para que ratifiquen sin demora el Acuerdo de Escazú por cuanto, Costa Rica impulsó este acuerdo en su lanzamiento y se firmó en el cantón de Escazú, de donde toma su nombre .
Imagen. Afiche tomado de Educa Oaxaca.org. Artículo México podría hacer historia ratificando el Acuerdo Ambiental de Escazú.
Los juristas de ACODI consideran que es “fundamental la pronta aprobación de este instrumento, no solo por cuanto fue liderado por y firmado en Costa Rica, sino porque contiene disposiciones fundamentales para la protección del medio ambiente, para el impulso de un desarrollo sostenible democrático y para la protección de quienes defienden los derechos humanos ambientales”.
El pasado 22 de enero, Argentina y México depositaron cada uno su instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú adoptado en Costa Rica en marzo del 2018, se suman así a los otros diez países que ya lo ratificaron. Con lo cual, el Acuerdo de Escazú entrará oficialmente en vigor el próximo 22 de abril del 2021, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Tierra.
REPRODUCIMOS EL TEXTO COMPLETO DE LA CARTA DE ACODI A LOS DIPUTADOS Y DIPUTAS
Desde la Asociación Costarricense de Derecho Internacional, instamos a los diputados y las diputadas de la República de Costa Rica, a votar afirmativamente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”, por cuanto fue firmado en el cantón de Escazú, Costa Rica.
El Acuerdo fue impulsado mayoritariamente por el Estado Costarricense y Chileno, en aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, y pretende garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Este instrumento regional constituye un avance sin precedentes en cuanto a la protección del derecho al medio ambiente y los derechos humanos, para una región que se ha llamado la más “mortífera” para los defensores ambientales. Según el informe de Global Witness de 2019, de los 10 países con más asesinatos de ambientalistas, 7 correspondían a países Latinoamericanos: Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua. De hecho, el Acuerdo contempla la obligación de los Estados de “garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promuevan y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”, por lo que es un instrumento de suma valía para las personas defensoras del ambiente.
En momentos en donde la agenda ambiental debe estar en el centro de las conversaciones, así como la ciencia debe de ser la base para todas las decisiones en la materia, es urgente adoptar el Acuerdo. Desde ACODI, consideramos que es un paso más en la agenda ambiental que con orgullo y optimismo ha impulsado Costa Rica. Esto por cuanto, como ya ha sido señalado por varios expertos, el Acuerdo viene a uniformar los deberes del Estado en relación con este derecho dentro del ordenamiento jurídico costarricense, así como también establece una base en cuanto a la obligación del Estado de poner a disposición la información en materia ambiental y de difundirla efectivamente, aspectos que no han sido implementados de manera adecuada en el país.
Finalmente, la aprobación del Acuerdo de Escazú reafirma el compromiso de Costa Rica para con sus obligaciones internacionales, ya adquiridas. Por ejemplo, la Declaración de Río impone la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la información, la participación en procesos de adopción de decisiones y acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido la obligación de respetar y garantizar el acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente, así como también de garantizar la participación de las personas en la toma de decisiones y políticas que puedan afectar el medio ambiente y de garantizar el acceso a la justicia. Por último, la Agenda 2030 establece una serie de objetivos importantes para lograr la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y mejorar la vida de las personas a nivel mundial, entre los cuales se encuentran los objetivos 11, 13, 14, 15 y 16, relacionados con el fondo del Acuerdo de Escazú.
ACODI considera fundamental la pronta aprobación de este instrumento, no solo por cuanto fue liderado por y firmado en Costa Rica, sino porque contiene disposiciones fundamentales para la protección del medio ambiente, para el impulso de un desarrollo sostenible democrático y para la protección de quienes defienden los derechos humanos ambientales.
Fuente:
Febrero, 2021