La defensa de un río sagrado que llevó a un profesor maya a la cárcel en Guatemala
“Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar”
Conservación del Agua
En las montañas del norte de Guatemala, la riqueza y la pobreza conviven llamativamente.
Por una parte, el departamento de Alta Verapaz es una de las regiones más ricas en recursos naturales del país: hay yacimientos de minerales y petróleo, amplios recursos forestales y grandes caudales de agua en sus ríos.
Al mismo tiempo, es la región con más problemas de desarrollo humano, con uno de los más altos índices de pobreza, desnutrición infantil, analfabetismo y carencia de servicios públicos.
Es por ello que para muchas comunidades locales, como los kekchí de la cultura maya, la defensa de la tierra y el agua que consideran sagrados es clave.
Bernardo Caal Xól, un profesor de la comunidad de Santa María Cahabón, es uno de los líderes de la que consideran la "última resistencia" a los grandes proyectos privados que ya se han instalado en Alta Verapaz para aprovechar el agua de los ríos.
Pero su activismo se vio interrumpido en 2017, cuando fue encarcelado por una denuncia que lo señala como responsable del robo de equipo de construcción y la retención ilegal de cuatro trabajadores de una empresa de construcción.
Su caso está siendo apelado ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala por las extrañas circunstancias en las que se dio.
Y es que ocurrió justo después de que su movimiento consiguiera la suspensión del proyecto hidroeléctrico privado Oxec, el cual hoy cuenta con dos represas y una más en etapa de construcción.
"El profesor Bernardo Caal Xól es uno de los dirigentes más emblemáticos y conocidos de esa resistencia pacífica", señala a BBC Mundo Jorge Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), una organización sin fines de lucro.
Por su parte, Amnistía Internacional lo considera un "preso de conciencia" del Estado guatemalteco y recientemente alertó que Caal Xól "está encerrado y condiciones asquerosas y de hacinamiento" en una prisión que no es vulnerable a los motines mortales.
Del otro lado, tanto el gobierno como las compañías privadas rechazan que los proyectos energéticos hayan sido contruidos en violación a las leyes y con la represión de movimientos como el de los kekchí.
El poder de saber leer y escribir bien
Desde muy joven, Caal Xól se convirtió en un líder natural de las comunidades mayas de Alta Verapaz por el simple hecho de saber leer y escribir bien.
Al ser profesor de primaria, cuando había asambleas en las comunidades de la región, pedían su presencia para poner en papel los acuerdos de sus asambleas o para redactar documentos de demandas sociales ante las autoridades.
"En las comunidades rurales no se cuenta con escuelas, ni centros de salud. Y a él lo llamaban para que él pudiera hacer las actas, hacer cualquier documento. Él era el que sabía escribir, el que sabía de redacción", dice a BBC Mundo Isabel Matzir, la esposa de Caal Xól.
Isabel Matzir explica que desde hace más de 20 años su esposo, Bernardo Caal Xól, ha sido un líder de las comunidades de Alta Verapaz.
Cuando el gobierno de Guatemala autorizó los proyectos de represas hidroeléctricas, a comienzos de la década pasada, Caal Xól y las comunidades se opusieron al reencauzamiento de los ríos.
Además de asegurar que los pueblos eran privados del caudal natural de los ríos, denunciaron la tala ilegal de 15 hectáreas de bosque sagrado y la violación a los derechos internacionales de los pueblos indígenas, como el de ser consultados para autorizar este tipo de proyectos.
Los proyectos, sin embargo, siguieron adelante.
Hoy sobre los ríos Cahabón, Oxec y sus afluentes hay siete represas -llamadas Renace (I, II, III, IV), Oxec (I y II) y Chichaic- que operan en "escalera".
Este sistema es muy favorable para las energías consideradas "limpias", pues reutilizan una y otra vez el flujo del agua que pasa entre cada generador de energía en las represas.
En la región de Alta Verapaz pasa el río Cahabón, uno de los más importantes de Guatemala.
Pero la oposición comunitaria no solo se dio porque el Cahabón es sagrado en la espiritualidad maya, sino porque de él dependen para la pesca, la agricultura y el vital acceso al agua.
"Cuando se inicia el secuestro del río, llegan [de las comunidades] a Bernardo a preguntarle si él sabía algo. Y así poco a poco las comunidades iban organizándose y terminaron por nombrarlo como representante para que pudiera el investigar", explica Matzir.
Hubo diligencias ante el Ministerio de Energía y Minas y las autoridades locales, y manifestaciones ante las sedes de gobierno. Pero entonces ocurrió algo que llevó a Bernardo Caal tras las rejas.
La acusación
Caal Xól está encarcelado por los delitos de robo agravado y detenciones ilegales con circunstancias agravantes. Fue condenado en 2018 a 7 años y 4 meses de prisión, según la resolución a la que tuvo acceso BBC Mundo.
Cuatro trabajadores de la empresa Netzone, una contratista para la construcción de las represas Oxec, fueron las víctimas.
La sentencia señala que el 15 de octubre de 2015, Caal era el líder de un grupo de unas 100 personas que "portaban armas de fuego y machetes" y que se dispusieron a "interceptar" a los trabajadores de Netzone en una carretera.
Les quitaron el equipo de construcción valorado en más de 30.000 quetzales (casi US$4.200).
El juez Walter Fabricio Rosales dio por válidas las declaraciones juradas que dieron los trabajadores dos años después del incidente, pues el juicio contra Caal Xól se dio tras su arresto en julio de 2017.
Y desestimó las pruebas presentadas por la defensa que indicaban que el líder maya no estaba en ese lugar en el momento en el que se dio el robo y la retención de los trabajadores denunciados.
Los cuestionamientos al caso
Tanto para Isabel Matzir como para organizaciones nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, resulta cuestionable el proceso de Caal Xól ante la justicia.
"Por qué no hicieron las denuncias cuando supuestamente fueron agredidos, cuando se dio el supuesto robo", se pregunta la esposa del activista, quien además critica que el juez haya aceptado como pruebas solo las declaraciones de los trabajadores denunciantes.
En ello coincidió la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU: "La condena del señor Caal Xól a más de siete años de prisión por cargos de detención ilegal y robo agravado de un taladro, una caja de herramientas y fibra óptica, parece desmesurada y se basó principalmente en testimonios de afiliados de la compañía Oxec. La condena del líder kekchí es un aparente intento de silenciar y desacreditar el ejercicio legítimo de los derechos de la comunidad indígena".
"La prisión de Cobán, donde está recluido, está superpoblada y tiene una infraestructura, una alimentación y unos servicios sanitarios deficientes", dice la ONU en un reporte.
Diversos pronunciamientos de ONGs y organismos internacionales han expresado su extrañeza de que la detención de Caal Xól se diera poco después de que su movimiento consiguiera que la Corte Suprema de Justicia otorgara un amparo para la suspensión provisional de las obras de Oxec, y que la Corte de Constitucionalidad avalara la realización de una consulta entre los pueblos afectados por el desvío del agua en Alta Verapaz.
Jorge Santos, de UDEFEGUA, advierte que el caso contra Caal Xól es parte de una "criminalización" contra líderes sociales, en particular de las comunidades indígenas, cuando se oponen a inversiones privadas auspiciadas por el Estado.
Parte del fenómeno es la "campaña de difamación y estigmatización" que hubo contra Caal Xól, la activista Ana Rutilia Ical Choc y el Colectivo Madreselva en los medios de comunicación y las redes sociales antes de su encarcelamiento, señala.
"Venimos de un proceso, cada vez mayor, de actos de criminalización en contra de personas que defienden derechos humanos, y con mayor profundidad en contra de aquellos aquellas personas defensoras de derechos humanos que se oponen a estas inversiones de gran envergadura", explica.
Los denunciantes aseguran que fueron robados y detenidos ilegalmente cuando se dirigían a una de las obras hidroeléctricas.
"Es evidente que el capital tan grande que está detrás de la instalación de la hidroeléctrica es un actor sumamente poderoso que sin lugar a dudas estuvo detrás de la estrategia de la campaña y también del financiamiento", sostiene.
BBC Mundo solicitó comentarios al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, pero no hubo una respuesta a las preguntas planteadas antes de la publicación de este artículo.
Responsabilidad social
Tanto las empresas Oxec y Renace, a las que BBC Mundo contactó para entrevistas, se han defendido de los señalamientos y han compartido sendos comunicados sobre acciones de responsabilidad social y atención a las demandas de los pueblos afectados.
"Desde un inicio, las comunidades que se encuentran en el territorio fueron debidamente informadas y consultadas", sostiene Oxec, asegurando que tiene acuerdos "que se han traducido en proyectos de educación, salud e infraestructura".
"Las comunidades perciben ganancias generadas por las operaciones de las hidroeléctricas, cuyos recursos pueden invertir como convengan. Esto no representa ninguna coima para su beneplácito como pretenden hacerlo ver los opositores", explica en un comunicado reciente.
Renace, por su parte, asevera que "su inserción y establecimiento" en Alta Verapaz "ha sido acompañado de procesos de socialización muy robustos que tienen como premisa informar, establecer diálogos de buena fe, alcanzar acuerdos y trabajar en conjunto con las comunidades".
Asegura que 88% de sus obras son subterráneas, por lo que la afectación al entorno es mínima. Y también señala que ofrece programas de mejora educativa, de salud e infraestructura.´
Las comunidades dicen que el agua ha disminuido en sus ríos, por lo que ya no pueden pescar o abastecerse.
En opinión de Jorge Santos, sin embargo, existe un entendimiento erróneo y "hasta perverso" de la responsabilidad social al crear proyectos de tal envergadura en medio de comunidades marginadas.
"La responsabilidad social empresarial la ven como un mero acto filantrópico. Más allá de un acto simbólico se requiere de la instalación de mecanismos que permitan observar el cumplimiento de las leyes fiscales, laborales, medioambientales y de la propia responsabilidad social", considera.
Desde Santa María Cahabón, Isabel Matzir dice que lo realmente "indignante" es ver la destrucción del entorno y que la pobreza persiste a pesar de las inversiones de cientos de millones de dólares.
"Donde no hay trabajo, donde no hay carreteras todavía, donde no hay un centro de salud, donde hay mucha pobreza, con lo que se cuenta es con las montañas, con los ríos para poder ir subsistiendo diariamente", señala.
"Sabemos bien que el mensaje que quieren imponer al encarcelar a un defensor es el de un escarmiento a toda aquella persona que quiera alzar la voz. El pueblo sin embargo se sigue resistiendo".
Fuente
Enero, 2022