La irónica carencia de agua potable de los moradores de la Amazonía

“Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar”

Acceso al Recurso Hídrico

Un niño bebe agua dentro de una casa en Iquitos. Antes de hacerlo, debe asegurarse que no está contaminada. Un balde de agua tratada puede costar unos 3,5 soles (0,79 euros).GINEBRA PEÑA GIMENO (GINEBRA PEÑA GIMENO)

En la selva peruana, un enorme asentamiento humano, habitado en parte por indígenas, no tiene acceso a recursos hídricos ni saneamiento adecuados, a pesar de estar cerca de una de las mayores reservas del mundo. El máximo tribunal del país tiene en sus manos la decisión de acabar con esta situación

A pocos días del fin del año 2021, mientras una parte del mundo celebraba con cohetes y confeti la llegada del 2022, Tito Curitima, un curtido hombre amazónico de 54 años, volvía sus ojos al entorno en el que vive y comentaba por enésima vez: “Ha vuelto a pasar lo mismo”. Debido a las profusas lluvias, las calles y plazas del asentamiento humano Iván Vásquez Valera, de la ciudad de Iquitos (capital del departamento de Loreto), estaba sumergiéndose en el agua.

La crecida amenazaba con extenderse, por lo que se colocaron unos costales blancos llenos de arena a la vera de una acequia de aguas residuales que corre por una calle llamada cruelmente Buenos Aires. Cerca, en una esquina, esta vertiente fétida se junta con dos desagues a cielo abierto: uno viene de un hospital de Essalud (el sistema de salud del Seguro Social), que está allí como una triste contradicción sanitaria, y el otro de un matadero cercano. “Ha aumentado la pestilencia”, agregaba Curitima, mientras recordaba que en el año 2010, otra intensa temporada de lluvias se llevó algunos enseres de su casa.

El fallo que hace agua

Esta comarca, ubicada en la región donde está la mayor reserva hídrica del país (más del 90 % del agua disponible en el Perú está en la Amazonía, donde solo vive poco más del 30% la población), no tiene agua potable ni alcantarillado. En el asentamiento Iván Vásquez Valera, y en el vecino llamado 21 de Septiembre, habitan cerca de 2.500 familias y casi el 50% de la población es indígena; la mayoría son de la etnia kukama, muy asociada al agua, pues le tienen respeto al delfín rosado, a las boas; son unos maestros en arte de pescar, consideran al río Marañón un ser vivo y creen que, cuando alguien se ahoga en un río, en verdad se ha ido a un mundo subacuático. Cuando eso pasa, se comunican con ellos a través de los sueños.

Pero acá más bien sueñan con tener los servicios básicos mínimos, algo que la Municipalidad Provincial de Maynas (Iquitos es la capital de esa provincia) no les otorga, a pesar de haber sido reconocidos como Asentamientos Humanos Marginales: 21 de Septiembre, en el 2006; e Iván Vásquez Valera, en el 2007. Lo que sí se les dio fue fluido eléctrico en calles y casas, como una señal de que sus moradores existen.

El Tribunal Constitucional del Perú tiene, desde mediados del año 2021, la posibilidad de acabar con las deficientes condiciones de vida de estas poblaciones

El Tribunal Constitucional del Perú tiene, desde mediados del año 2021, la posibilidad de acabar con las deficientes condiciones de vida de estas poblaciones si admite el recurso presentado por los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL), quienes batallan desde hace cinco años por esta causa, para que los ciudadanos tengan el elemental acceso al agua y saneamiento que todo ser humano merece.

“Todas esas aguas pueden ser tratadas”, señala Juan Carlos Ruiz, uno de los abogados que lleva adelante la demanda usando varios argumentos jurídicos. La Constitución Política del Perú, en su Artículo 7-A, establece que “el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable”. El 195 indica que “la prestación de servicios públicos es de responsabilidad de los gobiernos locales”.

El artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también respalda el pedido. Según este, “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos”. Todo ello sirvió para ganar en una primera instancia, pero el municipio apeló y en segunda instancia la Sala Civil de Loreto falló en base a otra ley peruana, la número 30645, que prohíbe dotar de servicios públicos en “zonas de riesgo no mitigable”.

La conexión líquida

De acuerdo a Ruiz, dicha norma está hecha para lugares como la costa peruana, donde la población tiende a asentarse en lugares cercanos a los ríos que se desbordan en las épocas de lluvia. En esta parte de la selva, la situación es cualitativamente distinta, porque ancestralmente los pobladores están habituados a reinventar su forma de estar y vivir cuando vienen las precipitaciones.

Los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de Septiembre llevan tiempo luchando para reivindicar el derecho al agua potable y al alcantarillado en Punchana.GINEBRA PEÑA GIMENO (GINEBRA PEÑA GIMENO)

A este fenómeno se le llama bosque inundable y ocurre en otros varios sitios de la Amazonía. Más aún, hay pueblos como Islandia, un distrito ubicado en la frontera con Colombia, que tiene todas las casas levantadas ―incluyendo el local del municipio― sobre el cauce del río Yavarí, porque se sabe que, en algunos momentos del año, en efecto, las aguas subirán. Una solución basada en la lógica que, sin embargo, no se implementan en territorios similares como Iquitos.

“Hay una conexión con el agua, con sus seres espirituales”, sostiene Verónica Shibuya, funcionaria del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). Cuando uno camina por estas calles terrosas de estos asentamientos humanos comprueba que los pobladores indígenas, o mestizos que son la mayoría, buscan no mantenerse lejos de ríos como el Nanay, un afluente del Amazonas que pasa cerca. Algunos inclusive practican la pesca de subsistencia en ese río.

La mayoría no, ciertamente, porque los trabajos predominantes son de estibador, timonel, albañil, técnico electricista o vendedor ambulante (el ingreso promedio diario apenas fluctúa entre dos y siete euros o su equivalente en soles). Pero resulta evidente que no pueden imaginar su vida alejada del ecosistema acuático y, por eso, están allí y no en el centro de la ciudad. Otros han migrado desde la misma ciudad. El problema no es el agua; es la contaminación.

Pero hasta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha explorado situaciones alternativas, como la acumulación del agua de lluvia (en Iván Vásquez se intentó, pero sin buenos resultados). O elevar las tuberías. O promover un sistema de pozos, siempre que la napa freática no esté contaminada. En vez de seguir esa ruta, las autoridades hacen promesas que no cumplen, rechazan demandas, y la consecuencia es que 2.500 familias siguen sumergidas en el olvido

Si no existieran los desagües de Essalud, del matadero o del colegio ―denominado Liceo Naval de Iquitos―, la vida para los vecinos podría ser mínimamente más llevadera. Pero un torrente de trabas burocráticas, erráticas interpretaciones de la ley y escaso entendimiento cultural parecen haberse juntado para crear un remolino de problemas y seguir abriendo los caños de las aguas residuales.

Migrar o enfermar

También incide en este drama sanitario la situación social de la selva en general. “Vine acá porque quería mejorar y estudiar”, dice Ronaldo Jiménez, un muchacho de la etnia matsé, cuyo lugar de residencia original queda a cinco días, con sus noches, de navegación desde Iquitos, en la zona del Alto Yavarí. Antes, vivía en su comunidad y parte de su tiempo lo dedicaba a pescar especies amazónicas como el acaraguazú o el bujurqui. Hoy estudia diseño gráfico en Iquitos.

Vive con su esposa y un niño en una casa rústica de la avenida principal de Iván Vásquez Valera, que está parcialmente cubierta de tierra para evitar el efecto pernicioso de las inundaciones estacionales. Es de madera, está sobre un altillo y en ella viven también sus suegros y sus primos políticos. Para ingresar a su habitáculo ―donde hay un refrigerador, algunas sillas y un par de hamacas― uno tiene que caminar por pasillos de madera estrechos y tambaleantes.

Las pésimas condiciones sanitarias provocan una gran incidencia de enfermedades de la piel, respiratorias y estomacales

Como él, cientos de indígenas han venido a la ciudad y, según un informe del CAAAP, lo hacen para “mejorar sus condiciones de vida y salud”, algo que según el propio documento es contradictorio porque “la zona es un foco infeccioso permanente”. Al punto que, una encuesta que hizo esta entidad sobre 175 personas de los asentamientos, la mayoría declaró haber tenido dengue y malaria. Es imposible no imaginarlo cuando los desechos rondan por varios lados y el agua se estanca, hábitat idóneo para los mosquitos transmisores de estas enfermedades.

Este territorio rodeado de cursos de agua hediondos, donde los gallinazos se mueven como en su fluido esencial, parece un gigantesco criadero de mosquitos, entre ellos el Aedes Agypti, que puede transmitir no solo el dengue sino, además, la chikungunya y el zika. Las pésimas condiciones sanitarias también provocan una gran incidencia de enfermedades de la piel, respiratorias y estomacales; así como de casos de tuberculosis.

¿Sería mejor si no migraran? Según el artículo La salud en las comunidades nativas amazónicas del Perú, publicado en 2014 en la Revista Peruana de Epidemiología, apenas el 10% de las comunidades nativas tiene un puesto de salud. El saneamiento es igualmente escaso y hay fuertes índices de desnutrición infantil. Según un reciente estudio de las ONG Suyay y Zerca y Lejos, en Santo Tomás, un pueblo vecino a Iquitos, la prevalencia de retraso en el crecimiento allí es muy elevada. En los niños en edad preescolar llega a 31,3%, lo que es 18,6 puntos por porcentuales por encima del promedio sudamericano (12,7%). Se trata, entonces, de una migración deseada, pero a la vez forzada. Segundo Panduro, un hombre cuya ascendencia es kichwa (otra etnia amazónica), llegó acá desde Tarapoto, ciudad selvática peruana ubicada en una zona más bien montañosa. No encontraba trabajo y en este pueblo al menos halló un lugar para construir una casa.

Antes de la próxima crecida

Frente a Panduro vive la señora Nora Sikiwa, que es también kichwa, pero del Ecuador. Vino cruzando la frontera porque el negocio de venta de frutas que tenía comenzó a naufragar. Es madre de siete hijos, de distintas edades, que se le trepan al cuerpo y se ríen mientras conversa. En la puerta de su humilde chabola de madera vende trozos de sandía y, por supuesto, también anhela que un día el agua potable y el alcantarillado lleguen. Porque sabe que las enfermedades la rodean.

El Tribunal Constitucional del Perú tiene en sus manos admitir el recurso presentado por los pobladores y resolver que tienen derecho a algo tan básico como al agua, a su agua. Mientras, la próxima inundación se avecina, en medio de las miasmas; no como ocurriría en un bosque limpio, o en un pueblo con servicios.

Fuente

Febrero, 2022