Las problemáticas ambientales no respetan las fronteras y por eso necesitamos el Acuerdo de Escazú

“Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar”

Infórmese

Natalia Gómez junto a otro representante del público durante la COP 1 del Acuerdo de Escazú. Foto: CEPAL.

• En la primera COP del Acuerdo de Escazú, 12 países de la región avanzaron en términos de democracia ambiental. Sin embargo, para Natalia Gómez, representante electa del público, es necesario involucrar a todo América Latina y el Caribe para obtener mejores resultados.

• En esta entrevista Gómez realiza un balance de la COP y relata los siete años de trabajo previos, así como los desafíos que supone derribar mitos y narrativas que traban la ratificación del tratado en varios países de la región.

La Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú finalizó el pasado 22 abril y existe consenso entre los participantes sobre dos puntos alcanzados en la reunión: el rol protagónico que tendrá el público en la Mesa Directiva y la creación de un grupo de trabajo sobre defensores ambientales. Una de las expertas que coincide en destacar estos dos resultados es la colombiana Natalia Gómez, integrante de EarthRights International y representante electa del público.

Pasada la turbulencia de las negociaciones, generada en parte por la intención boliviana de eliminar la participación del público, Gómez considera prioritario seguir trabajando para que más países se sumen al Acuerdo y fortalezcan el trabajo conjunto. Actualmente de los 33 estados que conforman América Latina y el Caribe, solo 12 han ratificado el tratado. La activista colombiana está convencida de que las campañas de desinformación afectaron mucho los avances en la región. Entre los argumentos más referidos de esta “contracampaña” se instaló la idea de que firmar el tratado implicaba la pérdida de soberanía o que determinaba la paralización de actividades como la minería.

Pronto a los seis representantes del público del Acuerdo de Escazú les tocará ceder sus cargos, ya que en agosto de este año se espera realizar la segunda elección abierta. Gómez afirma que se viene trabajando para que haya mayor diversidad en estas nuevas designaciones.

—En el plenario de la COP se mencionó que el objetivo es que los 33 países de la región estén en el Acuerdo de Escazú. ¿Cómo afecta al trabajo conjunto el hecho de que, por el momento, solo 12 estados han ratificado el tratado?

—Los países que no son parte están perdiendo la oportunidad de sumarse a este proyecto regional para fortalecer los estándares de democracia ambiental. Lo bueno es que estamos viendo avances en varios de esos países que hacen falta. En Colombia se aprobó el proyecto de ratificación en primer debate en el Congreso, en Chile el proceso ya arrancó y está en curso. Las campañas de desinformación han afectado mucho los procesos de ratificación en países como Perú, Costa Rica y Colombia. La labor del público es enseñar qué es Escazú y cuál es su importancia, para hacer contra a las narrativas de desinformación.

Natalia Gómez, representante del público en el Acuerdo de Escazú. Foto: Archivo personal.

—Latinoamérica tiene biomas que comprenden más de un país y traspasan fronteras, por ejemplo, la cuenca Amazónica. ¿Cómo afecta el hecho de que en unos países se haya ratificado el Acuerdo pero en otros no?

—Es algo que el presidente [Gabriel] Boric mencionó en la apertura de la COP. Las problemáticas ambientales no respetan las fronteras y por eso necesitamos esta iniciativa regional para hacerles frente. Al cambio climático o a la contaminación no les importan las fronteras. Es importante que todos los países avancemos de la misma manera. En el bioma amazónico, Guyana, Ecuador y Bolivia son los que han ratificado, pero otros países con gran representación de Amazonía como Brasil, Colombia y Perú no lo han hecho. Hay una afectación directa a las personas que dependen de esos ecosistemas.

—¿Desde la mesa directiva del Acuerdo se ha pensado en estrategias de cómo promover la ratificación en los países que faltan?

—La oposición viene muchas veces de sectores empresariales. La secretaría técnica del Acuerdo de Escazú ha trabajado mucho con estos sectores, con los Bancos de Desarrollo de la región y la Banca Multilateral que ha dado un apoyo importante al Acuerdo. El Banco Centroamericano de Integración Económica [BCIE] incluyó en su nueva política de salvaguardas los estándares del Acuerdo. Muchas organizaciones de varios países han trabajado para luchar contra estrategias de desinformación, mostrándole al sector privado que Escazú crea certeza jurídica y claridad en el acceso a la información. Estos proyectos empresariales también serán beneficiados porque, si se cumplen los estándares de democracia ambiental, se disminuyen los riesgos de un conflicto socioambiental.

—A propósito del avance de la ratificación en el congreso colombiano, ¿qué estrategias se usaron para volver a instalar el tema y dar este avance? ¿Es posible replicarlo en otros países como Perú?

—Ha sido un buen trabajo de las personas y organizaciones de la coalición Escazú Colombia, lo que permitió que el tratado se posicionara como un tema en la agenda nacional y que personas que no son especialistas en ambiente supieran qué es Escazú. Hubo clarificación de contenidos, trabajo de redes sociales y en medios de comunicación. La campaña usó ‘influencers’, actores, actrices y cantantes para llevar los mensajes.

Esta coalición también trabaja mucho en el Congreso con una estrategia de incidencia en política, medios y en el público en general. También busca actores que asuman Escazú como una causa propia. Se logró mucho apoyo popular y político, y se hizo un trabajo importante en clarificar mitos alrededor de Escazú y acercarse al sector privado, aunque el Consejo Gremial Nacional ha salido a oponerse a la ratificación. Es un trabajo que hay que seguir realizando y en el que hay que seguir insistiendo.

—Uno de los discursos más recurrentes de quienes se oponen al tratado es que el Acuerdo de Escazú afecta la soberanía nacional. ¿Cómo hacer frente a este tipo de argumentos?

—Lo paradójico es que muchos de esos argumentos surgieron cuando el gobierno de Sebastián Piñera, en Chile, decidió no firmar Escazú. El argumento de la soberanía surge por el tema coyuntural que tenía el país con Bolivia [diferendo marítimo]. El argumento de la soberanía se ha movido por toda la región. Ver cómo esos discursos han mutado en cada país y han hecho tanto daño me parece paradójico porque los planteamientos que hay en Escazú son temas de todos y no se trata de tendencias partidarias. El acceso a la información es de todos, la participación ciudadana es un derecho humano y el acceso a la justicia también.

Marchas en protesta por la no ratificación del Acuerdo de Escazú. Foto: Escazú Ahora Jóvenes Perú.

—El sector privado es uno de los mayores opositores en muchos países. ¿Cómo se beneficiaría la actividad empresarial con el Acuerdo de Escazú?

—El potencial que tiene el Acuerdo de prevenir y solucionar conflictos ambientales es importante para los sectores económicos. En toda la región vemos que se paran proyectos porque no se respetaron los estándares ambientales básicos. Lo que nos ha dicho la investigación que hemos hecho desde Earthrights International, es que las decisiones que son consultadas, donde la gente tiene una voz, son mucho más aceptadas. Escazú lo que busca es dar esos pisos mínimos a las personas y que las empresas sepan cuáles son los estándares que deben seguir, para así lograr el tan anhelado desarrollo sostenible.

—Hay Estados que se jactan de tener mecanismos legales internos que abordan la temática de los defensores ambientales, ¿qué les puede aportar el Acuerdo de Escazú?

—En primer lugar, aporta con la narrativa. En la mayoría de los países los ataques empiezan por la manera en que los defensores son vistos desde las esferas estatales y hasta las empresariales. Discursos donde se les presenta como enemigos del desarrollo y terroristas, eso es algo muy marcado en la región. Ese discurso estigmatizador se traduce en violencia, ataques reales y criminalización. La primera urgencia es cambiar esa narrativa. Una de las primeras cosas que dice Escazú es que los países se comprometen a reconocer el rol de las organizaciones y personas defensoras. Es un cambio político importante, hace que el alcalde o presidente piense antes de salir a decir “tal persona es un enemigo del desarrollo”.

—Usted mencionó que el público tiene un rol protagónico en el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, ¿qué diferencia a Escazú de otros tratados internacionales?

—Cuando se empezó a negociar Escazú, en 2015, se buscó que este tratado sea el de la participación de la gente. Ya que es un tratado de acceso a la información y de justicia para las personas, la ciudadanía tenía que tener una voz directa. Esos pedidos quedan recogidos en los seis representantes del público que tienen participación en la Mesa Directiva. Podemos sentarnos en la mesa con los Estados y tener micrófonos en las negociaciones a la par que ellos. Es algo único. En cualquier otro tratado el público no tiene un micrófono asignado sino que, al final, cuando ya no queda nadie en la sala, hacen un ‘statement’ que no tiene mayor incidencia.

En la COP1 también se hizo fuerza para que más países se sumen al Acuerdo. Foto: Cepal.

—¿Cuáles son las principales tareas que se ejercen desde el rol de representante del público?

—Cuando se eligieron los primeros representantes no sabíamos que íbamos a durar tanto tiempo negociando para llegar a la primera COP. Ha sido una muy grata experiencia. Pudimos trabajar de manera coordinada, no solo los representantes, sino una coalición amplia de organizaciones en toda la región que se unieron en torno a los derechos de acceso a la información, participación y justicia.

Los representantes del público tenemos el rol de liderar el trabajo en torno a las propuestas y revisar textos específicos de negociación. También tenemos que procurar que haya diálogo entre el Estado y el público. Los representantes fuimos invitados a las reuniones de los grupos de trabajo de los Estados, a las reuniones previas donde se trabajaron los textos que se dieron a conocer en la COP.

—Pensando en la próxima elección de representantes, ¿existe un perfil o requisitos mínimos para postularse?

—Estamos en proceso de renovar las reglas. Hemos tenido consultas con el público interesado. Los requisitos son que las personas estén involucradas en el tema, que sepan de los derechos de acceso a la información, que se comprometan a trabajar compartiendo información y organizando a los grupos.

Estamos intentando que estas nuevas reglas contengan criterios de diversidad [etaria, género, etnia, nacionalidad, etc] para asegurarnos que haya mayor pluralidad en los representantes.

—¿Hay diversidad en el grupo actual de representantes del público?

—En este grupo teníamos diversidad porque éramos de varios países, había mujeres y hombres de diferentes edades. También existen diferencias en experiencias de conocimiento. La idea es que los representantes puedan simbolizar esa diversidad amplia que tiene el público. En la COP se vio el gran interés de los pueblos indígenas y sería bueno que hubiera un representante de ellos. Ellos también están trabajando en eso.

Las candidaturas están abiertas a los 33 países de América Latina y el Caribe, no son solo para los Estados parte o signatarios.

Natalia Gómez asegura que uno de los principales logros del Acuerdo de Escazú es que haya representación ciudadana en la toma de decisiones. Foto: Archivo particular.

—¿Cómo podrá votar el público para elegir a los representantes?

—Para votar, el público debe inscribirse en el Mecanismo Público Regional que se creó durante la negociación del Acuerdo de Escazú para permitir la participación ciudadana. Así funcionó la primera elección. En cualquier momento se pueden inscribir al Mecanismo. Motivamos a la gente para que se inscriba, para que reciban información de lo que está haciendo su país, qué hace la Secretaría.

La idea es que para la próxima COP, en Argentina en 2023, los nuevos representantes ya hayan sido escogidos.

—Para finalizar, si bien se determinó que las COP se realizarán cada dos años, en el 2023 habrá una cita extemporánea en Argentina. ¿Qué expectativas tiene para esta reunión?

—Se elegirá al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo. Ese es un órgano fundamental que va permitir la rendición de cuentas, el seguimiento y el apoyo a cada Estado. La expectativa es que haya miembros independientes y no vinculados a los Estados que tengan la experticia necesaria para cumplir esta función. En Argentina también se avanzará con la adopción del Plan de Trabajo del Grupo de Defensores Ambientales.

La sociedad civil debe participar en esa COP ya que en ella se verá cuáles son las obligaciones que van a tener que cumplir los Estados para la protección de los defensores ambientales.

Fuente:

Mayo, 2022