Ley de agua favorece la sobreexplotación privada del recurso en El Salvador

“Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar”

Gobernanza del Agua

Un niño se abastece de agua en una de las tomas de agua que se observan en pueblos y caseríos de El Salvador, cuya Asamblea Legislativa aprobó recientemente una ley de aguas, pero que no satisface a organizaciones sociales que consideran que tiene un enfoque privatizador. Crédito: Edgardo Ayala / IPS

SAN SALVADOR – Con permisibilidad hacia la sobreexplotación del agua con fines lucrativos, El Salvador aprobó la Ley General del Recurso Hídrico, que dejó por fuera algunas de las propuestas planteadas por organizaciones sociales que han venido luchando por una normativa de ese tipo desde hace más de una década.

“Hemos estado peleando durante 15 años por una ley general de aguas, pero no por cualquier ley y no por la que se ha aprobado”, dijo a IPS el activista Luis González, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, que aglutina a varias organizaciones sociales.

La ley, aprobada el 21 de diciembre, deja también en clara desventaja a las Juntas de Agua: las asociaciones comunitarias que ofrecen agua potable a familias pobres debido a que el Estado no es capaz de llevar el recurso a toda la población. En adelante estarán sometidas a un pago por la extracción de agua.

«El Estado, en todos sus órganos fundamentales de gobierno y sus instituciones, tienen la obligación y la responsabilidad primordial de garantizar el goce efectivo a su población del derecho humano al agua potable y al derecho humano al saneamiento», se lee en el primer artículo de la normativa.

También define al agua como un bien público, sin embargo, las organizaciones sociales criticaron que, aunque se menciona, eso no se desarrolla a cabalidad en el texto.

González agregó que otro de los aspectos que eran puntos de honor para el movimiento social, el de la participación ciudadana, no fue incluido tal como lo concebían las organizaciones civiles, con varios participantes.

La ley, de 179 artículos, da vida a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que estará conformada por una decena de ministerios, como el del Medio Ambiente, Salud, Obras Públicas y de Agricultura y Ganadería, entre otros, así como un representante de la sociedad civil.

Esa última figura ha sido objetada por el movimiento social porque no gozará de independencia porque será nombrado por el presidente Nayib Bukele. 

La ley, nacida a partir de un borrador presentado en junio de 2021 por el Gobierno, fue decretada con 65 votos en la Asamblea Legislativa, de 84 escaños, controlada por el partido del presidente, Nuevas Ideas. 

Bukele, en el Ejecutivo desde junio de 2019, movilizó a sus diputados en la Asamblea para que enviaran al archivo un borrador de ley que se había venido discutiendo por varios años y que ya llevaba más de 100 artículos consensuados en la comisión respectiva. 

Los diputados del bukelismo, en funciones desde mayo de 2021, mandaron a archivar a ese y a otros proyectos de ley promovidos por los diputados de los partidos “tradicionales”, como gusta llamarles Bukele al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), a los que derrotó abrumadoramente en las elecciones de febrero de 2019.

Ambos partidos estuvieron 30 años en el Ejecutivo desde 1989 (20 años Arena y 10 el FMLN), y en las últimas dos décadas ni uno ni otro logró aprobar una ley de agua, una demanda que han venido impulsando amplios sectores de la sociedad civil, como ambientalistas, iglesias y universidades, entre otros.

Una madre lava platos y otros objetos de cocina mientras sus hijos se recrean por un rato en un río en la zona rural de El Salvador, donde la falta de agua lleva a muchas familia a proveerse del recurso en lagos y ríos. En algunos lugares, los productores de caña han desviado esos afluentes para regar sus cultivos, algo que en principio va a ser regulado con la nueva Ley de Recursos Hídricos, aprobada el 21 de diciembre. Crédito: Edgardo Ayala / IPS

La traba se centraba en quién controlaba el ente rector del agua, en un estira y encoge permanente entre esos dos partidos, con la derecha pujando para que esa tuviera una presencia importante de instancias privadas.

Ahora Bukele, etiquetado de populista y autoritario, ha querido sacar raja política al asunto.

“Desde el 2006 hasta el 2020 se recibieron y presentaron diferentes iniciativas para regular el tema del agua. Los anteriores diputados se reunían en comisiones, no obstante, las verdaderas negociaciones no ocurrían de cara al pueblo”, se lee en una nota publicada por la oficina de prensa de la Asamblea Legislativa, bajo control del oficialismo.

El mandatario tiene que ratificar la normativa y luego publicarse en el Diario Oficial para que entre en vigencia. Se entiende que eso no se ha hecho porque la aprobación se dio en el marco de los días feriados de Navidad y de Año Nuevo.

¿Una privatización velada?

Bukele también puede solicitar reformas e incluso vetarla, pero eso parece poco probable porque la ley ha sido confeccionada desde el Ejecutivo a la medida de sus intereses, que claramente ha beneficiado a sectores privados al otorgarles permisos de explotación por 15 años, dijeron ambientalistas consultados por IPS.

“Es una ley privatizadora, pues en el artículo 71 autoriza a entes privados a grandes cantidades de agua por años”, acotó González.

Si bien la normativa establece que no se permitirá la privatización del recurso, en la práctica permite la sobreexplotación por parte de empresas privadas cuyos rubros comerciales tengan al agua como materia prima.

Uno de esos sectores es el de bebidas carbonatadas, cervezas, jugos y agua embotellada, y en esa área la empresa líder es La Constancia, fundada en 1906 pero desde 2016 es propiedad del mayor consorcio mundial cervecero, AB InBev, con sede en Lovaina, Bélgica.

También se beneficiarían aquellas compañías dedicadas a proyectos urbanísticos que desarrollan sus propias fuentes de agua, o a la producción a gran escala de caña de azúcar, que exige riego permanente, entre otros.

Originalmente, el borrador de ley propuesto por el Gobierno hablaba de otorgar permisos de explotación de 473.000 metros cúbicos anualmente, con permisos vigentes por 15 años, mientras que las organizaciones civiles habían venido solicitando que los periodos deberían de ser entre tres y cinco años, algo que, evidentemente, no se escuchó. 

Luego la cantidad bajó a 365.000 metros cúbicos y en cambios de último minuto, antes de ser aprobada, la legislación la dejó sin límites.

El costo del metro cúbico oscilará entre 0,03 y 0,20 centavos de dólar, dependiendo del uso del recurso.

Ese pago también aplicaría a las Juntas de Agua, que han criticado esa decisión porque, dijeron, su vocación no es de lucro, como el de las empresas, sino el de ofrecer un servicio que el Estado no brinda a la población.

Juntas de Agua a la deriva

Otro aspecto que preocupa a las organizaciones sociales es que las Juntas de Agua ahora tendrán que asumir el costo de la extracción del recurso hídrico, en el rango ya señalado, algo que representaría un duro golpe económico y afectaría su funcionamiento.

“Tendremos que estar pagando por cada metro cúbico que saquemos del pozo y eso tendría que ser trasladado a los usuarios, porque de lo contrario el sistema irá muriendo de a poquito”, señaló a IPS el tesorero de la Asociación de Agua Potable de Cangrejera, José Dolores Romero.

Ese sistema de agua comunitario está localizado en el caserío Desvío de Amayo, del cantón de Cangrejera, parte del municipio y departamento de La Libertad, en la franja costera de El Salvador. Comenzó a operar en 1985 y provee de agua a 468 familias de ese y de otros ocho caseríos cercanos.

“Servimos agua potable a comunidades pobres, y hay ancianas que a duras penas alcanzan para lograr tener la cuota del mes, y ya con un incremento la situación sería crítica”, recalcó Romero.

Cada familia paga siete dólares por 20 metros cúbicos consumidos al mes, el equivalente a unos 20 barriles o 20.000 galones (3,78 litros cada uno). Si consumen más, cada metro cúbico extra se cobra a 50 centavos de dólar.

Esos siete dólares solo alcanzan para mantener funcionando el sistema, no para costear el pago del agua por extraer, dijo Romero.

Se calcula que en El Salvador, con una población de 6,7 millones de habitantes, hay unas 2.500 de esas juntas, que proveen del servicio a 25 % de la población, es decir, a unas 1,6 millones de personas.

Tras el final del feriado de fin de año, las organizaciones sociales que han peleado por el derecho humano al agua están considerando reiniciar las actividades de calle en contra de la ley recién aprobada, y se espera el 16 de enero, en el marco del trigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz, suscritos en 1992 por la entonces guerrilla del FMLN y el Gobierno de turno.

Fuente

Enero, 2022