Nuevo estudio revela que minería afecta el 20% de los territorios indígenas de la Amazonía
“Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar“
El Recurso Hídrico y la Minería
Minería ilegal en la Amazonía. Foto: WRI.
El informe de World Resorces Institute indica que la minería está dentro de 1131 tierras indígenas en la Amazonía.
El estudio también evalúa las acciones que han adoptado algunos pueblos indígenas para frenar las actividades mineras en sus territorios.
El precio del oro alcanzó un pico histórico este año. La onza superó los 2000 dólares en agosto y actualmente no baja de los 1900 dólares. Si bien en los últimos años el alza del precio del metal ha sido una constante, fue durante la pandemia del coronavirus que se registró esta cifra récord.
La creciente demanda por el oro ejerce fuerte presión sobre la Amazonía, territorio donde la minería legal e ilegal cubre aproximadamente 1.28 millones de kilómetros cuadrados. Esta expansión minera ha alcanzado también a las tierras indígenas amazónicas, llegando a ocupar hasta un 20 % de estas, aproximadamente 450 mil kilómetros cuadrados.
La minería ilegal ha afectados a 370 territorios indígenas de la Amazonía. Foto: WRI.
Estas cifras son el resultado de un estudio Socavando los derechos: tierras indígenas y minería en la Amazonía elaborado por el World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) que por primera vez ofrece un panorama del impacto de la actividad minera dentro de los territorios indígenas de seis países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Según la investigación, los mineros ilegales han invadido 370 territorios pertenecientes a comunidades indígenas de la Amazonía, y si se suman las concesiones entregadas por los gobiernos la cifra sube a 1131. Además, el estudio del WRI indica que las operaciones de minería ilegal arrojan constantemente metales pesados, como el mercurio, en al menos 30 ríos amazónicos.
Patricia Quijano, investigadora de WRI y coautora de este estudio, precisa que la pandemia incrementó el precio del oro y exacerbó el interés por la explotación de este metal. Agregó que el estudio también aborda la situación legal y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios en relación a las concesiones mineras.
Los pueblos indígenas enfrentan el avance de la minería legal e ilegal en sus territorios. Foto: WRI.
“La minería, con esa ferocidad de destrucción de la Amazonia, debe tener como 70 años. Y en los últimos diez años ha sido feroz en la devastación de muchos territorios indígenas”, dice José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Las cifras de la devastación
Díaz Mirabal manifiesta que pese a la deforestación que ha ocurrido dentro de los bosques de los territorios indígenas a causa de la minería, son justamente los pueblos indígenas los que mantienen el mejor índice mundial de conservación de territorio y biodiversidad.
Esta afirmación se sostiene también en el informe. Según la publicación de WRI, en Perú, Ecuador y Bolivia la deforestación es tres veces mayor en los territorios indígenas con presencia de minería, en comparación con aquellos que están libres de actividades mineras. En Colombia y Venezuela las cifras de pérdida de bosque supera hasta en dos veces la deforestación de los territorios libres de minería.
El estudio se sustenta en información de RAISG sobre la cantidad de concesiones mineras entregadas en los seis países mencionados, así como en datos sobre los lugares de minería ilegal en la Amazonía.
Pedro Tipula, coordinador del proyecto SICCAM del Instituto del Bien Común (IBC), señala que para este análisis se consideró la información cartográfica de RAISG que ha compilado datos desde el año 2007 sobre las concesiones de minería legal en los países amazónicos, así como en el mapeo regional realizado entre los años 2015 y 2018.
“A pesar de la pandemia, la actividad ilegal de la minería no ha parado, es más, está en una ola creciente toda la región amazónica. La ilegalidad está creciendo en áreas naturales protegidas y territorio indígenas”, dice Tipula.
Según el análisis geoespacial, del total de concesiones mineras legales a gran escala en la Amazonía, el 45 % de se encuentra en exploración y explotación, el resto son concesiones inactivas.
El mapa muestra los lugares de la Amazonía con minería legal e ilegal. Fuente: WRI.
En cuanto a la minería ilegal, el estudio señala que la mayor parte del área de minería ilegal se encuentra en Perú y Bolivia. Además, por lo menos 30 ríos han resultado afectados por esta actividad ilegal o actúan como rutas de entrada de maquinaria e insumos y salida de minerales.
Las áreas o sitios conocidos de operaciones mineras ilegales se superponen con al menos 370 tierras indígenas. De ellas, 260 están en Perú; 37 en Brasil y 29 en Colombia. En cuanto a los ríos afectados por la minería ilegal, estos están dentro o en la frontera de 88 territorios indígenas.
Quijano, de WRI, señala que hasta ahora no se había realizado un análisis a nivel Amazonía que estableciera la relación entre minería y deforestación de manera específica y explicita en tierras indígenas. “La minería, tanto legal como ilegal, es un lastre que arrastramos en la región y que genera mucho impacto y riesgo a las comunidades y al ambiente. Cuando no hay mano dura ni supervisión adecuada por parte del gobierno, la minería ilegal se extiende y conlleva pérdida de ecosistemas críticos que terminan en desmedro de los pueblos indígenas”, precisa la experta.
La defensa de los territorios indígenas
Patricia Quijano, coautora del estudio, menciona que también han documentado las estrategias que han desarrollado los pueblos indígenas para frenar el avance de la minería en sus territorios. “Los pueblos indígenas que han visto la minería como amenaza han logrado, a través de distintas estrategias, algunos buenos resultados; aunque en otros casos la controversia aún continúa”.
Una de las experiencias que se menciona en el estudio es la del pueblo indígena Yaigojé Apaporis y su respuesta ante una empresa minera que, en el año 2007, solicitó concesiones para la explotación de oro dentro de su territorio. En ese momento, el pueblo indígena solicitó al gobierno que sus tierras sean declaradas parque nacional, con el fin de detener el ingreso de la minería.
El mapa muestra los lugares de la Amazonía con minería legal e ilegal. Fuente: WRI.
En el 2009 se estableció el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, pero no fue suficiente. Dos días después de la creación de esta zona protegida, el gobierno colombiano otorgó una concesión minera dentro del parque. El caso fue llevado a la justicia de Colombia, la misma que ordenó la suspensión de cualquier actividad dentro del área protegida. No obstante, el problema aún se debate en los tribunales internacionales.
“En Colombia no querían minería y estuvieron dispuestos a perder sus derechos para que ellos mismos puedan realizar el aprovechamiento de sus tierras”, señala Quijano.
Juan Carlos Preciado, asesor legal en Derechos Colectivos Ambientales e Indígenas de la Fundación Gaia Amazonas, se refiere al aspecto cultural del oro y el valor del metal para los pueblos indígenas. “Los pueblos Indígenas han trabajado desde su sistema de conocimiento para proteger su territorio y para guardar el oro”, indica.
Preciado también menciona cómo han trabajado los pueblos indígenas con el estado colombiano para que considere las medidas que estos proponen para afrontar la minería. “En el departamento de Amazonas, por ejemplo, los pueblos indígenas han logrado coordinar con el Estado para ejercer sus derechos de tener un gobierno propio y se ha planteado un ‘no’ rotundo a la minería”.
La comunidad de Centro Providencia discute los principales puntos del Régimen Especial de Manejo (REM) del Parque Resguardo Yaigojé Apaporis. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Otro de los casos que presenta este estudio está en Perú, en Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por la minería ilegal en la Amazonía. Se trata del caso de la comunidad de Tres Islas, de los pueblos indígenas Shipibo y Ese’Eja, que se presentaron ante los tribunales peruanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger sus tierras de la minería.
En Tres Islas, el gobierno peruano entregó más de 100 concesiones mineras y varias concesiones madereras dentro del territorio de la comunidad sin informar ni consultar previamente, como indica el Convenio 169 al que se acogió Perú desde el año 1993.
Como respuesta, en agosto de 2010, la comunidad decidió construir una caseta y una puerta de madera para controlar el acceso a sus tierras. Las empresas y la comunidad se enfrentaron legalmente y llevaron el caso hasta el Tribunal constitucional peruano, que finalmente dictaminó que Tres Islas tenía derecho a controlar el ingreso de terceros a su territorio.
La comunidad de Tres Islas también demandó al gobierno regional de Madre de Dios por las concesiones mineras otorgadas sin un proceso de consulta previa. Las 127 concesiones fueron declaradas nulas y se ordenó el cese de todas las actividades derivadas de las mismas.
Según el estudio de WRI, el 93 % de la deforestación en Tres Islas entre los años 2000 a 2015 ocurrió en las tierras que se superponían con áreas mineras legales e ilegales. “La deforestación se redujo drásticamente entre 2010 y 2015, coincidiendo con que la comunidad recuperó el control del acceso a sus tierras”, indica el estudio.
“La iniciativa de este pueblo indígena de colocar puestos de vigilancia para controlar su territorio llegó hasta el Tribunal Constitucional, pero siempre hay cosas inconclusas, pues la ejecución plena del fallo del tribunal aún no se ha cumplido. Creo que existen suficientes leyes en el país, pero falta que se apliquen completamente y que las medidas de monitoreo y supervisión se concreten”, agrega Tipula.
“Este es un caso emblemático”, dice la abogada Raquel Yrigoyen Fajardo, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), a cargo de la defensa de Tres Islas. “Estos litigios son larguísimos, es un gran esfuerzo para los pueblos indígenas seguirlos y muchas veces se desaniman de continuar”, agrega la abogada en referencia al largo camino que ha tenido que seguir la comunidad de Tres Islas en los tribunales desde el año 2010 cuando presentó su primera demanda ante el Poder Judicial de Perú.
“Aun cuando ganan los pueblos indígenas, existe ineficacia en el cumplimiento de los fallos y esto tiene que ver con la lentitud de las instituciones”. añade Yrigoyen.
Un caso de Bolivia también fue analizado en este informe. Se trata de la construcción de la carretera que cruza el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis). Aunque no se trata de un tema minero, el caso ha servido para destacar la importancia de las alianzas estratégicas entre diferentes pueblos indígenas con el objetivo de lograr un cambio.
Los pueblos indígenas Mojeño, Yuracaré y Chimán se unieron para exigir al gobierno que suspenda la construcción de esta vía, que causaría daños ambientales y abriría sus tierras a desarrollos no deseados, incluida la minería, explica el informe.
Manifestantes en contra del proyecto de carretera en el TIPNIS. Foto: Szymon Kochański / Wikimedia Commons.
En octubre de 2011, el Tipnis fue declarado zona intangible y se detuvo la ejecución de la carretera. Aunque en años posteriores se dieron leyes para reactivar este proyecto, hasta el momento no se ha concretado y la obra no ha avanzado.
“La presión por los proyectos extractivistas es cada vez más fuerte. Todos los países de la cuenca amazónica sienten esa misma tensión”, dice Alex Villca, líder indígena de Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).
Para Villca los territorios indígenas les pertenecen solo en ‘papeles’, porque también se entregan a las empresas. “En el Parque Nacional Madidi, 210 mil hectáreas han sido concesionadas a empresas petroleras. Si a eso sumamos las cuadriculas mineras y seguimos viendo que se entregan concesiones forestales, nuestros territorios terminan superpuestos por intereses económicos”.
El coordinador de Coica, Díaz Mirabal, señala que el oro pasó de ser un símbolo cultural de los pueblos prehispánicos a un objeto de riqueza. “Ahí está la raíz de la maldición del oro para los pueblos indígenas”, dice.
Comunidad indígena en el Parque Resguardo Yaigojé Apaporis. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Díaz Mirabal considera que se ha llegado a un punto de no retorno en la capacidad de la autodestrucción. “A pesar de todo seguimos creyendo que no se puede destruir nuestra casa. Pero nos preocupa que los préstamos para la conservación de los organismos internacionales no lleguen a los pueblos indígenas. Si seguimos así se estará financiando la destrucción”.
Los estados que compran materias primas y los bancos que los financian, según Díaz Mirabal, deben cambiar sus políticas. “Los prestamos deben llegar condicionados, plantear nuevas reglas, nuevos pactos, nuevos acuerdos. Con la propuesta actual de los países para enfrentar el cambio climático no llegaremos ni al 2030, pues con un aumento de la temperatura de 2 grados, nos quemamos todos. Se deben tomar otras medidas, pues aún hay esperanza de conservar los territorios que no han sido destruidos”.
Fuente:
Yvette Sierra Praeli
Octubre, 2020