Siguen asesinatos e intimidación a opositores de proyectos hidroeléctricos en Honduras
"Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar"
Recurso Hídrico y Pueblos Originarios
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Foto de portada: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
El proyecto hidroeléctrico Jilamito en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida en Honduras, ha contado con una fuerte oposición. El asesinato del abogado Carlos Hernández y las presiones judiciales contra el alcalde Arnaldo Chacón y cuatro personas más preocupan en el país centroamericano.
En Honduras temen que el crimen de Hernández quede en la impunidad, como ocurre con cerca del 90 % de los casos. Los pobladores creen que estas presiones buscan opacar la oposición a un proyecto de generación de energía que afecta el río de donde se abastecen 16 comunidades.
Estaba en su oficina. Las instalaciones del Bufete Hernández Irías todavía eran algo nuevas. El pasado 10 de abril Carlos Hernández estaba trabajando allí cuando escuchó el timbre. Al abrir la puerta un hombre le disparó seis veces y lo mató. Acabó con la vida del abogado de 28 años, que tan solo un mes antes había actualizado su foto de portada en Facebook, en la que aparecía sonriendo al lado de la puerta que lleva sus apellidos en Tela, una ciudad costera en el departamento de Atlántida, en el norte de Honduras.
Aún siguen las investigaciones oficiales por su asesinato, pero hay organizaciones que lo ligan con un conflictivo proyecto de represa hidroeléctrica en el municipio vecino de Arizona, del mismo departamento.
El proyecto hidroeléctrico Jilamito es propiedad de la empresa hondureña Inversiones de Generación Eléctrica S.A. de C.V. (Ingelsa) y está teoricamente en etapa de construcción en el río Jilamito. Ingelsa y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) firmaron en el 2011 un contrato de aprovechamiento de aguas nacionales para generación eléctrica, con una capacidad de producción de 14,85 megavatios. Dicho documento fue aprobado por el Congreso y Presidente de Honduras en el 2014 y de igual manera las autoridades municipales de Arizona dieron su visto bueno, no obstante la oposición local al proyecto.
El 15 de mayo de 2017, pobladores de diversas comunidades del municipio de Arizona montaron un campamento de resistencia para prevenir el paso de maquinaria para la construcción de la represa. El río Jilamito es la fuente principal de agua para 16 comunidades y los pobladores temen quedarse sin ella o que el recurso termine contaminándose.
Aunque los integrantes del Campamento Digno en Defensa del Río Jilamito no obstruyeron el paso de ningún otro vehículo en la vía pública, cinco pobladores enfrentan cargos relacionados con dicha actividad y entre ellos se encuentra Arnaldo Chacón, alcalde de Arizona. El abogado Carlos Hernández lo estaba defendiendo y la audiencia inicial se llevó a cabo el 12 de marzo de este año, un mes antes de su asesinato. El juez que presidió la audiencia determinó que el caso procedía a juicio.
Carlos Hernández, un abogado hondureño de 28 años de edad, fue asesinado dentro de su bufete
el 10 de abril del 2018. Foto: Carlos Hernández/Facebook
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ─organización que lucha contra la corrupción y acompaña a diversas comunidades en sus luchas por defender los recursos naturales─, ha llevado desde el inicio la defensa de los otros cuatro pobladores que enfrentan juicio junto con Chacón por la figura penal de “detentar espacios públicos”; delito vinculado con el campamento de oposición a la represa.
Saúl Ávila, coordinador de organización de la MADJ, cree que el asesinato de Hernández sí tuvo que ver con el caso. “Es un mensaje”, dijo Ávila a Mongabay Latam. Según dice, Carlos Hernández fue asesinado por el apoyo a la comunidad que se oponía al proyecto hidroeléctrico y, sobre todo, por la defensa que llevaba del alcalde Chacón. “Es un mensaje bien claro”, repitió.
Sin embargo, la Dirección Policial de Investigación (DPI) aún no ha llegado a esa conclusión, pero tampoco ha llegado a otra. Todavía investiga el móvil del asesinato del abogado Hernández, pero no se ha descartado la posibilidad de que efectivamente tuviera que ver con algún caso legal de entre los que trabajaba.
“Se está investigando su entorno laboral para ver si el homicidio está vinculado con los casos que él estaba llevando en su bufete”, informó a Mongabay Latam la Dirección de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad. Esta Secretaría rige a la Policía Nacional y entre sus fuerzas y unidades se encuentra la DPI.
“Todavía no se tiene identificado ningún sospechoso debido a que se están esperando las pruebas técnicas científicas como el vaciado telefónico, las cuentas bancarias, la comparación de casquillos y ojivas encontrados en la escena y la autopsia de medicina forense”, aclaró la Dirección de Comunicación Estratégica.
Arnaldo Chacón, alcalde del municipio de Arizona en el norte de Honduras, sufre amenazas por su apoyo a la oposición
local a una represa hidroeléctrica. Foto: cortesía de Arnaldo Chacón
Por su parte, el alcalde Chacón asegura que esperará las conclusiones de las investigaciones antes de indicar si el asesinato de Hernández tuvo que ver o no con su caso y con la oposición a la represa en el río Jilamito. “No descarto la posibilidad”, le dijo a Mongabay Latam. Prefiere no concluir nada hasta que terminen las investigaciones, pero le preocupa que si no hay presión internacional el caso quede en la impunidad, así como el 90 % de los homicidios en Honduras. “Lo que sí sabemos es que en el país todo queda impune”, comentó Chacón.
La prudencia y cautela del alcalde en sus declaraciones también podrían estar relacionadas con otra posible denuncia en su contra. Aunque no le ha llegado ninguna citación, existe la posibilidad de que enfrente otro proceso legal más. En abril pasado, la apoderada legal de uno de los representantes de Ingelsa se presentó ante el Ministerio Público y solicitó una investigación y querella contra Chacón por calumnias. El alcalde habría señalado a la empresa de estar vinculada a la persecución en su contra. A veces los avisos de amenazas en su contra hacían referencia directa a su oposición al proyecto de represa. Por su parte, Ingelsa siempre ha negado tener nexos con la violencia.
Amenazas de vieja data
De acuerdo con Chacón, las amenazas e intimidaciones en su contra se remontan al 2015, cuando fungió como regidor en la administración anterior del consejo municipal de Arizona y realizó un cabildo abierto para que la población pudiera tomar una decisión en cuanto al manejo de los recursos naturales del municipio. Dicha asamblea se llevó a cabo el 20 de noviembre de ese año y como resultado se declaró al municipio de Arizona libre de minería y represas hidroeléctricas. No obstante la autonomía municipal, los recursos naturales pertenecen al Estado y el poder de decisión queda en manos del gobierno nacional.
Las presiones y los anuncios de represalias aumentaron durante la campaña electoral del 2017 y sobre todo tras ser electo alcalde en noviembre de ese año. “Allí fue donde empezó más fuerte la persecución”, dijo Chacón. “Me hacían las famosas guerras psicológicas”, aseveró. Presuntamente, desconocidos lo seguían y le llegaron avisos de que había un plan para que un sicario lo asesinara, incluso cuando todavía estaba de campaña.
“Me tuve que avocar al Mecanismo”, comentó. Chacón se refiere al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, el cual fue creado por ley en el 2015 debido a las alarmantes tasas de homicidios de personas en todas estas categorías. Honduras tiene una de las tasas de asesinatos más altas del mundo y hay más muertes violentas per cápita de periodistas, indígenas, activistas ambientales y de derechos a la tierra que en cualquier otro país de Latinoamérica.
El 15 de mayo del 2017 habitantes del municipio de Arizona en el norte de Honduras establecieron un campamento para evitar
el paso de maquinaria de construcción de una represa hidroeléctrica. Foto: cortesía del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
En octubre del 2017, el Mecanismo le asignó al alcalde Chacón cuatro policías de escolta y estableció que dos de ellos siempre lo acompañaran. La medida sigue vigente, pero las amenazas continuaron.
En marzo de 2018 una persona de confianza le aconsejó denunciar públicamente las amenazas e intimidaciones. “Carlos Hernández me dijo, ‘hágalo público’”, contó Chacón. Y así lo hizo. De hecho, dice que la última vez que hablaron, Hernández le dijo: “no son confites lo que nos van a tirar”. Poco después el abogado fue asesinado.
Según el alcalde, su oposición al proyecto hidroeléctrico no proviene solo de una postura a título personal. “Quieren imponer ese proyecto a la fuerza”, reclamó. “No me compete aceptar algo que el pueblo no quiere”, añadió.
Con todo, Hernández y Chacón están lejos de ser los únicos involucrados en luchas en defensa de ríos en Atlántida que han sufrido violencia o amenazas, resaltó Saúl Ávila de la MADJ. Además, en el departamento de Arizona, un líder comunitario afiliado al MADJ y muy involucrado en la campaña contra la hidroeléctrica fue asesinado el 22 de marzo de este año. Ramón Fiallos murió camino al hospital después de sufrir una herida de bala cuando fuerzas de seguridad pública llegaron a reprimir una movilización en el contexto de una crisis poselectoral.
Las elecciones generales del 26 de noviembre del 2017 desataron un desequilibrio político en Honduras que aún no se ha resuelto. Según los resultados preliminares, el candidato presidencial de la alianza de oposición, Salvador Nasralla, llevaba cinco puntos de ventaja y de acuedo con analistas la tendencia era irreversible. El sistema electrónico de divulgación de los resultados se cayó durante horas. Cuando las fallas se solucionaron y la información nuevamente estuvo disponible en línea, la ventaja rápidamente desapareció y terminó siendo reelecto el presidente Juan Orlando Hernández. La Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que por muchas irregularidades en todo el proceso electoral no era posible tener certeza sobre el ganador. Desde los primeros indicios del fraude, y durante más de dos meses, protestas, marchas y bloqueos de carreteras a nivel nacional convulsionaron a Honduras. Las fuerzas de seguridad pública reprimieron muchas manifestaciones, con armas de fuego en docenas de ocasiones y más de 35 personas fueron asesinadas, según organizaciones de derechos humanos hondureñas.
Habitante de Jilamito bebe agua del río del cual se abastecen 16 comunidades.
Foto: Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Justamente, el asesinato de Fiallos se dio en medio de una de esas inumerables manifestaciones contra el fraude electoral, pero Ávila y otros líderes y pobladores de la zona sospechan que el hombre fue blanco específico de las armas debido su liderazgo en un núcleo sectorial de la oposición contra la represa. Según la Secretaría de Seguridad, las investigaciones sobre la muerte de Fiallos todavía están abiertas.
A pesar de los asesinatos, el MADJ y los habitantes de Arizona siguen adelante con su oposición a la represa hidroeléctrica. De hecho, el mes pasado celebraron el primer aniversario del Campamento Digno en Defensa del Río Jilamito, establecido el 15 de mayo del 2017. Habitantes y visitantes se juntaron el sábado 19 de mayo en el campamento para festejar la ocasión.
Mientras en Arizona celebraban el aniversario del campamento para defender el río Jilamito, otro campamento de oposición a otra represa, también en el departamento de Atlántida, experimentó una fuerte represión. El 3 de mayo, entre 250 y 300 agentes de diversas fuerzas y unidades policiales llegaron al sector de Pajuiles, donde comunidades en el municipio de Tela tienen desde marzo del 2017 un campamento para prevenir que la empresa HIDROCEP suba maquinaria para construir una represa en el río Mezapa. Las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para despejar la vía y durante dos días escoltaron la maquinaría y el personal de la empresa hasta el sitio de construcción. Llevaron a cabo una operación similar este 19 de junio y líderes comunitarios de Pajuiles han denunciado amenazas e intimidaciones en diversas ocasiones.
Los dirigentes nacionales del MADJ también viven con zozobra. El coordinador del movimiento, Martín Fernández, fue víctima de un allanamiento sin fundamento en una de sus propiedades y recibe constantes amenazas de muerte. Por cuestiones de seguridad, a veces se ve obligado a pasar algunas temporadas por fuera del país. “Los demás dirigentes también están en riesgo, aunque no al mismo nivel de Fernández”, dijo Saúl Ávila.
“Nos vigilan en la oficina”, cuenta el coordinador de organización del MADJ. Ávila también destacó que los siguen en vehículos y lo peor es que “el riesgo lo corre todo el mundo”.
FUENTE:
POR SANDRA CUFFE
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JUNIO 2018