Ecuador: justicia falla a favor de indígenas kichwa y su defensa del río Piatúa
"Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar"
El Recurso Hídrico y Pueblos Originarios
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Indígenas Kichwa y Waorani en marcha por defensa de la Amazonía. Foto: Amazon Frontlines.
Corte Provincial de Pastaza decidió suspender el proyecto hidroeléctrico sobre el río Piatúa, retiró la autorización del uso y aprovechamiento del caudal y revocó la licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente.
La decisión se dio luego de que el juez Aurelio Quito, quien falló en contra de los indígenas en primera instancia, presuntamente intentara sobornar con 37 000 dólares y dos botellas de whisky a uno de los magistrados para que ratificara su sentencia. El juez se encuentra investigado y detenido.
El fallo en segunda instancia de la Corte Provincial de Pastaza fue positivo para los indígenas kichwa del cantón Santa Clara que se oponían a un polémico proyecto hidroeléctrico sobre el río Piatúa en la Amazonía ecuatoriana.
Hace poco más de un mes Mongabay Latam publicó un extenso reportaje en el que contaba las presuntas inconsistencias que hubo detrás de la aprobación de la licencia ambiental del proyecto, donde varios científicos, expertos en biología, ecología, geología e hidrología manifestaban las múltiples deficiencias de los estudios presentados por la empresa Genefran S.A.
La compañía pretendía utilizar el 90 % del caudal del Piatúa —uno de los pocos que no tiene intervención humana en la región— para generar electricidad. Sin embargo, el agua se devolvería al río Jandiayacu, causando afectaciones en los dos cuerpos de agua. Este medio buscó insistentemente a voceros de la compañía pero nunca obtuvo respuesta.
A pesar de que esta es una buena noticia para las comunidades, este caso también mostró uno de los más recientes y escandalosos episodios de corrupción en la justicia de Ecuador. El juez Aurelio Quito, quien negó en primera instancia la acción de protección solicitada por el pueblo kichwa, fue detenido el pasado 3 de septiembre luego de que intentara sobornar a uno de los magistrados que debía fallar en segunda instancia sobre el caso del río Piatúa.
Marcha por el río Piatúa. Foto: Centro de Derechos Humanos PUCE.
Juez acusado de soborno falló en contra de los kichwa
La noticia de la detención del juez de Pastaza, Aurelio Quito, indignó a los indígenas. El hombre fue detenido en un restaurante de la ciudad de Puyo cuando, al parecer, intentaba sobornar con 37 000 dólares en efectivo y dos botellas de whisky al magistrado John Álava. Según el mismo magistrado Álava, Quito pretendía que él ratificara la sentencia de primera instancia en contra de la acción de protección interpuesta por las comunidades de Santa Clara.
Álava denunció el soborno ante la Fiscalía y ante las autoridades disciplinares de la Corte. El juez Quito fue suspendido provisionalmente de su cargo y permanece detenido mientras se adelantan las investigaciones por los presuntos delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias.
Christian Aguinda, presidente del Pueblo Originario de la Nacionalidad Kichwa del Cantón Santa Clara (PONAKICSC). Foto: Ríos Libres.
Lo sucedido en el caso Piatúa además tiene un componente mucho más delicado, pues el mismo juez Aurelio Quito era quien llevaba el caso de la denuncia por presunta intimidación interpuesta por la empresa Genefran en contra de Christian Aguinda, presidente del Pueblo Originario de la Nacionalidad Kichwa del Cantón Santa Clara (PONAKICSC) y quien ha estado al frente de la lucha en contra de la construcción de la hidroeléctrica desde el 2014. “Con qué calidad moral ejercen justicia a nuestras comunidades”, comenta Aguinda.
Pero el tema no terminó con la captura e investigación del juez. Finalizando la semana pasada, la Corte Provincial de Pastaza decidió dejar sin efecto la decisión de primera instancia, donde se les negaban medidas cautelares a las comunidades kichwa de Santa Clara. Los indígenas alegaban afectaciones al medio ambiente con la construcción de la hidroeléctrica, así como impactos a su cultura y cosmovisión. Además, insistían en que no se realizó consulta previa, libre e informada.
La Corte decidió suspender el proyecto hasta que se realicen adecuados estudios técnicos. Así mismo, retiró la autorización del uso y aprovechamiento del caudal del río Piatúa a Genefran y revocó la licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente (MAE) el 20 de febrero del 2018. “Fue una sentencia dictada en derecho. La hidroeléctrica debe hacerse respetando a la naturaleza y a las comunidades indígenas, no de manera improvisada, como relatamos en nuestra sentencia”, dijo el magistrado John Álava.
Sin embargo, y a pesar de que los magistrados ordenaron a la empresa emitir disculpas públicas a los kichwa, la sentencia le da a la Genefran un plazo de 90 días para que incorpore en el proceso de participación social las observaciones realizadas por los indígenas de Santa Clara.
La defensora del Pueblo de Pastaza, Yajaira Curipallo y líderes kichwa se pronuncian sobre sentencia de segunda instancia sobre hidroeléctrica en el río Piatúa. Foto: Confeniae.
Esto es algo que no comparte la Defensoría del Pueblo. “Están mandando a que la empresa arregle todo lo que hizo mal, dejando ahí un vacío que no ha sido aclarado. Estamos analizando la posibilidad de interponer una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional”, dijo la defensora de Pastaza Yajaira Curipallo.
Christian Aguinda mandó un fuerte mensaje a las autoridades. “Si insisten en meterse con las herencias del cantón Santa Clara y sus comunidades, no nos representan como autoridades y pediremos que sean removidos de sus cargos. Queremos autoridades que trabajen para el pueblo y no que vendan territorios y recursos que son del pueblo. Elegimos autoridades para que hagan obras para nuestro desarrollo y no que nos entierren en la miseria. Haremos respetar la Constitución”, comenta.
¿Qué pasa con el río Piatúa?
Los kichwa denuncian que nunca se hizo Consulta Previa, Libre e Informada. Christian Aguinda es enfático en señalar que la empresa Genefran hizo una socialización con algunas de las comunidades pero que jamás fueron informados sobre la idea de hacer una hidroeléctrica.
Indígenas Kichwa aseguran que fueron invisibilizados por el juez que negó su acción de protección. Foto: Edmundo Garuka.
“Vinieron diciendo que eran del gobierno, que iban a dar agua potable, que iban a dar becas, las comunidades nunca supieron que se iba hacer una hidroeléctrica, por eso se dieron algunas firmas, pensaban que era una socialización más no una aprobación para ejecutar un proyecto que capte más del 90 % del agua del río. Vinieron a engañar para luego sacar los permisos”, recalca Aguinda.
Cuando los indígenas interpusieron la acción de protección para el río Piatúa, las comunidades de Santa Clara se asesoraron legalmente y recogieron informes técnicos de geólogos, antropólogos, arqueólogos y biólogos que ayudaron a sustentar el por qué la hidroeléctrica podría afectar a la naturaleza y sus derechos colectivos. Sin embargo, el juez Aurelio Quito de la Unidad Judicial Penal – Constitucional B de Pastaza negó la acción de protección el pasado 25 de junio por considerar que “no existe vulneración de derechos constitucionales”.
Mongabay Latam tuvo acceso a los documentos técnicos que justificaban presuntas falencias en el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía para obtener la licencia ambiental. “Toda esta riqueza biótica no es considerada por la empresa, más bien omiten estos datos y la licencia ambiental sale como si la zona presentara una sensibilidad muy baja, por lo cual se generaría un impacto muy bajo con la construcción”, dice el biólogo de la Universidad Central del Ecuador, Patricio Meza.
El río Piatúa también se ha convertido en una oportunidad de turismo sostenible para las comunidades. Foto: Centro de Derechos Humanos PUCE.
Santiago Ron, María José Navarrete y Jhael Ortega del Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador realizaron una evaluación del componente de anfibios dentro del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto hidroeléctrico Piatúa y concluyeron que el EIA elaborado por la empresa Genefran para este grupo biológico es inadecuado para evaluar el impacto que tendrá el proyecto.
Por su parte, Pablo Lozano, PhD y especialista en Ecología y Flora, indicó en un documento técnico que “es importante destacar, por la magnitud de la obra a implementarse, que no se ha realizado un inventario florístico adecuado, con claros errores. La estructura del bosque no se discute ni habla de sus resultados comparando con otras áreas de la Amazonía, cuántos árboles por hectárea y/o superficie, así como la diversidad, densidad, entre otros”.
Los estudios geológicos también son cuestionados. El geólogo Mark Thurber dice que después de revisar la información disponible para el proyecto hidroeléctrico del Río Piatúa “existe un riesgo significativo de aluviones en la ubicación propuesta para la estructura del trasvase [incremento de la disponibilidad de agua en una cuenca adicionando agua desde una cuenca vecina] y que no se ha realizado una evaluación de riesgo geológico con el nivel adecuado”.
Marcha de indígenas Kichwa. Foto: Centro de Derechos Humanos PUCE.
Francisco Villamarín, del Grupo de Investigación de Recursos Hídricos y Acuáticos (GIRHA) de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, asegura que el estudio de impacto ambiental presenta deficiencias muy graves en el diseño de muestreo y existe, por tanto, una subestimación “grosera” de la fauna acuática presente. Por ejemplo, el experto menciona que se presenta una lista de peces constituida por apenas cinco especies. “Por las características y la ubicación del lugar se esperaría encontrar una diversidad mucho mayor de peces [por lo menos entre 20 a 30 especies, aproximadamente], incluyendo especies como las carachamas (Loricariidae), especies migratorias como el bocachico (Prochilodus nigricans) y el sábalo (Brycon sp.)”, indica.
Finalmente, desde el punto de vista social y cultural, la defensora del Pueblo de Pastaza, Yajaira Curipallo, le dijo a Mongabay Latam que los kichwa fueron invisibilizados desde el mismo momento en que la empresa presentó su plan de manejo ambiental y fueron invisibilizados nuevamente con el fallo del juez Quito que hoy está siendo investigado por corrupción.
Por ahora, la decisión de segunda instancia les da la razón a los kichwa respecto a las falencias socioambientales que se han dado en el avance del proyecto hidroeléctrico Piatúa. En los próximos días se conocerán las nuevas acciones que tomará la Defensoría del Pueblo pues hay preocupación de que el proyecto reviva.
Mientras tanto, los indígenas kichwa celebran la decisión de la justicia ecuatoriana, la cual se suma a la sentencia que hace unos meses le dio la razón a los indígenas waorani, cuando indicaron que no fueron consultados sobre la licitación del bloque petrolero 22, también en la provincia amazónica de Pastaza.
Fuente:
Antonio José Paz Carnona
Mongabay
Septiembre, 2019