Nuevo informe indica que más de 400 derrames de petróleo afectaron la Amazonía peruana
"Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar"
Recurso Hídrico y Contaminación
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Derrame de petróleo en la Amazonía peruana. Foto: PUINAMUDT / Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios.
Informe La sombra del petróleo revela que 474 vertimientos ocurrieron en el Oleoducto NorPeruano y los lotes petroleros entre los años 2000 y 2019. El 65% fueron consecuencia de la corrosión de los ductos y fallas en la infraestructura petrolera.
Los Lotes 8 y 192 registran juntos la mayor cantidad de derrames en estas dos décadas con un total de 344.
Desde hace siete años se presentan propuestas de ley para reconocer el trabajo de los monitores ambientales.
Wadson Trujillo es monitor ambiental de la comunidad nativa de Cuninico, y ha sido testigo de cómo en el 2014, miles de barriles de petróleo salieron del ducto del Oleoducto NorPeruano para discurrir por las tierras de su comunidad y del río Cuninico.
Ese derrame, considerado emblemático en Perú por la cantidad de hridrocarburo vertido que llegó también a las comunidades de San Francisco, Nueva Esperanza, Cuninico y Santa Rosa, en el distrito de Urarinas, región Loreto, aún no ha sido solucionado.
El derrame en la comunidad nativa Cuninico ocurrió en el año 2014. Foto: Barbara Fraser.
Por eso, cuando en mayo del 2019 el Pleno del Congreso decidió enviar al archivo el informe sobre los derrames de petróleo del Oleoducto NorPeruano (ONP), en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consideraron que había mucho más que investigar.
Así empezó un trabajo que ha sido presentado recientemente en el informe denominado La sombra del petróleo, una investigación elaborada en base a información oficial que determinó que entre los años 2000 y 2019 ocurrieron 474 derrames de petróleo en la Amazonía Peruana, tanto en el ONP como en lotes petroleros administrados por empresas privadas.
El reporte también ha determinado que el 65 % de estos derrames fueron consecuencia de la corrosión de los ductos y fallas operativas, una conclusión que busca abrir nuevamente la discusión sobre las responsabilidades en estos incidentes ambientales y la necesidad de remediar los miles de sitios impactados por los vertimientos petroleros que hasta ahora han afectado a 41 de los 65 pueblos indígenas de la Amazonía.
“Después de cada derrame se decía que la responsabilidad estaba en los pueblos indígenas, pero no había ninguna evidencia de que fuera así, no tenía sentido pues ellos son los que resultan afectados”, dice Miguel Lévano, coordinador del Subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El estudio elaborado por Aymara León y Mario Zúñiga se basa en datos oficiales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), y el informe de la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso de la República que investigó los derrames de petróleo ocurridos en el Oleoducto NorPeruano.
Más de 2000 sitios impactados
Solo en el Lote 192 –antes denominado 1AB– se han ubicado más de 2000 sitios impactados y contaminados por la actividad petrolera. Según el informe, durante los años analizados se determinaron 155 derrames en este lote administrado por Pluspetrol hasta el año 2015. A ello se suman los 189 derrames ocurridos en el Lote 8 que también está bajo el manejo de Pluspetrol.
El derrame de petróleo discurre junto a campos de cultivo. Foto: PUINAMUDT / Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios
El informe indica que Pluspetrol ha sido la empresa que más contaminación ha causado con los derrames de petróleo y precisa que de estos dos lotes proviene casi el 95% de los barriles que se han derramado en la Amazonía durante las dos décadas evaluadas.
“Pluspetrol es la empresa que más derrames ha tenido y es la que más ha judicializado las sanciones que le ha impuesto el Estado. Se resiste a realizar las remediaciones”, dice Mario Zúñiga, autor del informe.
En la relación de derrames ocurridos entre el 2000 y 2019 figura el Oleoducto NorPeruano con 94 vertimientos, el Lote 31 con 28, el Lote 67 con cuatro, el Lote 95 con dos y los Lotes 64 y 131 cada uno con un derrame.
Zúñiga señala que Loreto –donde se ubican los Lotes 192 y 8– es la región con mayor cantidad de sitios impactados por derrames de petróleo, pero además explica que los fondos anuales que provienen de Pluspetrol para el canon petrolero para esta región no alcanzan para cubrir los pasivos dejados por la empresa.
Los derrames de petróleo en la Amazonía aumentaron a partir del 2007. Foto: PUINAMUDT / Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios.
De los 2000 sitios impactados por el Lote 192, el Estado ha priorizado 32 de ellos que según los cálculos hechos por el Fondo Nacional del Ambiente (Fonam) –actualmente absorbido por Fonampe– su remediación alcanzaría los 656 millones de soles.
Los investigadores tomaron como referencia el año 2012, cuando el precio del barril de petróleo estaba alto y superaba los 100 dólares. En aquella ocasión, Loreto recibió por canon petrolero de este lote 280 millones de soles. “La cantidad de dinero que ingresa cada año por canon petrolero no alcanzaría ni para la mitad de los sitios priorizados. Los costos para remediar los derrames son tan altos que el canon petrolero no va a poder cubrirlo”, dice Zúñiga.
Hasta el momento, el Estado peruano ha destinado 183.4 millones de soles para la reparación de estos pasivos. Esta cifra, alcanza solo para diez de los sitios priorizados según cálculos del organismo responsable de la reparación.
Vale mencionar también que hasta el momento la empresa Pluspetrol no ha destinado fondos para las reparaciones y por el contrario mantiene una controversia con el Estado peruano por este tema.
Derrame del lote 192 ocurrido en noviembre de 2019. Foto: PUINAMUDT / Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios.
“¿Es rentable la explotación petrolera?”, se pregunta Zúñiga. Sin negar los ingresos que obtienen las regiones por canon petrolero, que en algunas provincias y distritos supera el 80% de su presupuesto anual, el investigador afirma que dentro de estos beneficios para las regiones no se consideran los elementos que consideran costos, como los derrames petroleros que ocurren cada año.
Cuatro derrames más ocurrieron en el Lote 192 cuando ya se había concluido con la investigación de Las sombras del petróleo y el documento estaba en proceso de revisión, se indica en el informe. Tres de estos derrames han sido bajo las operaciones de Frontera Energy y uno de Petroperú en la estación de Andoas.
“Pluspetrol es la que más multas tiene y la que menos ha pagado. No hay medidas para la remediación y quienes siguen pagando los impactos de la contaminación son los pueblos indígenas. Estudios toxicológicos realizados en comunidades afectadas por los derrames dan cuenta de los altos niveles de elementos tóxicos hallados en niños y adultos”, agrega Miguel Lévano, de Oxfam y responsable del Subgrupo sobre Derrames Petroleros de la CNDDHH.
Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, cuestiona la demora en la remediación de la contaminación causada por actividades petroleras.
“Insistimos en la urgencia de crear un fondo de contingencia para la remediación ambiental, debido al alarmante retraso. Aunque se han reportado avances como la elaboración de los planes para atender los sitios afectados , es inaceptable que habiendo transcurrido más de cuatro años de la creación del fondo, aún no se hayan iniciado las acciones en ninguno de los 32 sitios contaminados que han sido priorizados”, dice Abanto.
Derrame en la comunidad nativa Nueva Alianza. Foto: PUINAMUDT / Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) respondió por escrito a Mongabay Latam que desde el año 2015 el Estado asumió la responsabilidad de remediar las zonas impactadas, por tanto, destinó 50 millones de soles para la creación de un Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. El Minem mencionó los 183 millones de soles otorgados el año pasado para la remediación de los lotes priorizados, dinero con el que –según indica el documento– se han elaborado 30 Planes de Rehabilitación.
El Minem aseguró que para este año ya se cuenta con un presupuesto asignado para este fin. “El destino de estos fondos se define con la participación directa de las organizaciones indígenas que participan con voz y voto en la Junta de Administración del Fondo”, precisa el documento.
Sobre la controversia con el Lote 192, el Minem señaló que aún se encuentra en proceso y es “conducida por el OEFA, a través de su Procuraduría Pública”. En cuanto a las deficiencias del Oleoducto Norperuano, el ministerio indica que se trata de “una infraestructura que viene operando por muchos años a cargo de Petroperú. La fiscalización respecto a su funcionamiento y condiciones operativas como de seguridad es una tarea de Osinergmin”.
Mongabay Latam envió preguntas por escrito a la empresa Pluspetrol para tener su versión. La empresa señaló que “trasladarían la solicitud internamente para la evaluación respectiva”. Hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.
PetroPerú, la empresa estatal responsable de la explotación de petróleo en Perú y que está a cargo del Oleoducto NorPeruano, no respondió nuestra solicitud.
Los responsables de los derrames
Una de las razones para llevar adelante el estudio ha sido definir las responsabilidades en los derrames ocurridos en la Amazonía peruana, pues era recurrente los discursos desde las empresas y el mismo estado que éstos eran ocasionados por terceras personas que atentaban contra los ductos.
La revisión de los informes de OEFA y Osinergmin llevó a los investigadores a una conclusión diferente.
Este derrame de petróleo de noviembre de 2019 ocurrió en la comunidad de Antioquía. Foto: PUINAMUDT / Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios.
“Las cifras reales demuestran que 65.4% de los derrames ocurridos en los lotes petroleros amazónicos y en el Oleoducto Norperuano son producto de la corrosión de los ductos y de fallas operativas, mientras que los derrames causados por terceros representan un 28.8%”, detalla el informe de la CNDDHH.
En el caso del Lote 192 el porcentaje se eleva al 77% por problemas en la infraestructura petrolera, mientras que en el Lote 31 la cifra alcanza un 81%.
“Cada vez que ocurría un derrame se indicaba que había sido causado por terceros y se responsabilizaba a las comunidades indígenas que estaban en la zona. Eran ellas las que saboteaban para generar algún tipo de beneficio, se decía. Pero no había evidencias de que fuera así”, manifiesta Lévano.
Esto no tenía sentido –prosigue Lévano– pues incluso los técnicos que construyeron el ONP explicaban que para romper un ducto se necesita mucho más que una sierra.
Según la data de Osinergmin y OEFA Hay una predominancia de derrames causados por responsabilidad de las operadoras, principalmente por fallas operativas y corrosión, y un registro mucho más bajo de derrames causados por terceros, señala el informe.
Un informe realizado por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y por el Vicariato de Iquitos para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, así como las evidencias presentadas en el informe del Congreso señalan que las investigaciones fiscales abiertas por cortes de ductos se están archivando por no haber evidencia para identificar a los sujetos responsables, se explica en La sombra del petróleo.
El informe Final de la comisión investigadora sobre derrames en el Oleoducto NorPeruano del Congreso de la República, que fue archivado en el 2018, señalaba también que no existía evidencia para responsabilizar a las comunidades nativas por los derrames en el ducto, e incluso reveló posible colusión entre PetroPerú y empresas remediadoras.
Un reportaje de Mongabay Latam publicado en diciembre del 2017 da cuenta de los hallazgos de esta comisión del Congreso.
Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), señala que en el 2012 por primera vez se el Estado reconoció la magnitud de la afectación de los derrames de petróleo.
López recuerda que fueron los monitores ambientales quienes ubicaron todos los sitios impactados y por primera vez se firmó un acta con el gobierno –en ese momento era presidente Ollanta Humala– para la reparación.
Derrame de petróleo que afectó las viviendas de las comunidades Nuevo Nazareth y Nuevo Jerusalén. Foto: Feconacor / PUINAMUDT.
“Hasta ahora no se han hecho los trabajos de remediación. El Oleoducto NorPeruano se rompe porque está deteriorado, pero acusan a los pueblos indígenas”, comenta el líder indígena sobre las demorar en el proceso de reparación de los sitios priorizados.
López también manifiesta que los derrames continúan afectando el sector denominado cuatro cuencas, que corresponde a los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, donde ya existe una declaratoria de emergencia ambiental.
“El gran humedal del Pastaza y la reserva Pacaya Samiria están afectadas por derrames de petróleo. Hemos presentado nuestras denuncias a la Fiscalía de Medio Ambiente pero aún no se ha resuelto. Ahora el COVID-19 se suma a lo que ya vivimos desde hace 50 años con niños que tienen la sangre contaminada y padres que tampoco están sanos”, agrega el presidente de Acodecospat.
El papel de los monitores ambientales
“Hay lugares y terrenos dedicados a la agricultura que siguen bajo el impacto del derrame que nos afectó en el 2014. No hay mantenimiento, ni monitoreo ni cumplimiento de los protocolos por parte de PetroPeru”, dice Watson Trujillo, presidente de la comunidad de Cuninico y un activo monitor ambiental de la Amazonía peruana.
Un monitor ambiental indígena observa lo que alguna vez fue una fuente de agua que ahora es un espacio cubierto con tierra para ocultar la contaminación de petróleo. Foto: Vanessa Romo Espinoza.
Cuando hay una emergencia ambiental por un derrame y contaminación los monitores ambientales nos unimos –señala Trujillo– y en la comunidad siempre estamos pendientes de las fugas que se puedan presentar.
El especial Tecnología para cazar delitos, publicado por Mongabay Latam en noviembre del 2019 da cuenta de cómo de la situación de los monitores ambientales en el Perú y otros países de la región –Ecuador y Colombia–, así como del uso de la tecnología en el trabajo de vigilancia que realizan las comunidades indígenas en sus territorios.
El informe de la CNDDHH hace notar que a partir del 2007 se marca un claro aumento de los derrames de hidrocarburos. “Mientras que en los primeros años de la década se señalaba menos de una decena de derrames por año, a partir del 2007 la cifra no vuelve a bajar de las dos decenas, con excepción del 2012”.
Aunque los investigadores no han establecido a qué se debe esta diferencia, consideran que una de las razones podría ser que en el año 2006 se iniciaron los programas de monitoreo independiente indígena en los lotes 192 y 8, lugares donde más claramente aumentó el registro de derrames.
Monitor ambiental en la comunidad Nuevo Andoas, en la cuenca del río Pastaza. Foto: Vanessa Romo Espinoza.
El informe también reveló que en los lotes donde se han reportado más vertimientos de petróleo existen programas de monitoreo indígena. En algunos de lugares incluidos en el estudio –lotes 64, 67, 95 y 131– se han registrado entre uno y dos derrames de petróleo en las casi dos décadas analizadas. Estos son sitios donde no hay monitoreo ambiental indígena.
“Sorprende el bajo registro de emergencias ambientales en dichos lotes y se hace necesario un análisis más profundo para identificar si los esfuerzos de fiscalización en dichos lotes están siendo suficientes y si la falta de programas de monitoreo ambiental independiente son factores que contribuyen a un probable subregistro de derrames”, dice el informe La sombra del petróleo.
Un ejemplo es la diferencia en la cantidad de derrames de petróleo reportados por los monitores ambientales y por el Estado entre los años 2006 y 2010. “Los monitores ambientales denunciaron 92 derrames producidos en territorio indígena, en los lotes 8 y 192 (en ese momento 1AB), mientras que el Estado reportó solo 78 derrames para esos lotes en el mismo periodo de tiempo”, precisa el documento.
Monitores ambientales recorren su territorio para identificar nuevas amenazas o antiguos daños. Foto Vanessa Romo Espinoza.
“Estamos luchando para que se promulgue una ley que reconozca a los monitores comunitarios”, dice Trujillo quien explica que no reciben remuneración alguna por el trabajo que realizan. “Usamos teléfonos celulares para reportar cualquier incidente. Eso nos ayuda”, cuenta.
Miguel Lévano comenta que son más de siete años que se espera la aprobación de una ley que reconozca el monitoreo participativo en las zonas andinas y amazónicas. “Ha habido una serie de proyectos y actualmente hay una propuesta en la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso que esperamos entre en debate”.
Lévano señala que los monitores ambientales cumplen su labor en condiciones precarias y que lo hacen de forma voluntaria y en algunos casos apoyados por sus federaciones o por organismos no gubernamentales. “No hay capacitación, no hay implementación de equipos y hacer trabajo de campo con petróleo es muy peligroso”.
Alicia Abanto considera que los monitores ambientales son la primera voz de alarma frente a los derrames, no solo para las entidades fiscalizadores, sino también para la propia empresa. Considerando la valiosa labor que realizan, se les debe brindar elementos de protección personal e instrumentos para que registren y envíen la información que recaben a las autoridades; así como un expendio económico como retribución por la labor que realizan”, reclama la representante de la Defensoría del Pueblo.
Fuente:
Yvette Sierra Praeli
Agosto, 2020